El personal que vota, o sea, la masa electoral, parece tener memoria olvidadiza y suele ser pasto de inmovilismos, impulsos propagandísticos y motivaciones de opinión publicada. En realidad, como ya hemos comprobado, a la hora de elegir, apenas sí se mueve entre las dos opciones sacrosantas (PP/PSOE) y, si por extrañas circunstancias no previstas se amplía el panorama, si van por la izquierda los nuevos acaban a la greña, o se descomponen en su propia salsa; si van por la derecha, por el contrario, tienden a radicalizar aún más al conservadurismo.

Y así hemos ido tirando durante décadas, hasta que en 2018 una moción de censura más que justificada cambió el escenario y lo de izquierda y derecha mudó en progreso o involución. Aquel resultado esperanzador que sumó a formaciones con intereses diferentes, ya se vio desde el principio, fue una opción de alto riesgo y para solventarla ha sido precisa mucha flexibilidad, mucha habilidad y, sobre todo, mucha convicción de que la alternativa sería funesta.

Pues bien, hay que reconocer que el bloque de progreso ha arrancado logros sociales y políticos que mejoran la vida de la gente –que en este objetivo debe basarse la política– e incluso ha resuelto conflictos históricos provocando auténtica histeria en la derecha extrema hasta el punto de oponerse en todo, absolutamente en todo, a las iniciativas del Gobierno. Y siendo realistas, hay que reconocer que también han tenido que tragar sapos los partidos que sostienen al Gobierno. Las discrepancias se han ido salvando dejando incluso pelos en la gatera, in extremis y hasta con resignación. Todo sea por poner pie en pared a una alternativa neofascista.

Pero la actitud de Junts per Catalunya no tiene un pase. Que un partido se aproveche de la corriente progresista a la que se sumó y sea capaz de impedir la aprobación de leyes que benefician sin ninguna duda a la ciudadanía confirma que no es un partido fiable. Es una insensatez, o una canallada, que base su actitud en supuestos incumplimientos de supuestos compromisos del Gobierno, no se entiende cuando en realidad no es el Gobierno sino los jueces quienes impiden que su líder Puigdemont sea amnistiado, cuando es la burocracia de la Unión Europea la que retrasa el reconocimiento de la lengua catalana y cuando aún se negocian los términos de la financiación, unir sus votos a PP y Vox e impedir la aprobación de leyes que afectan directamente a las cosas de comer, como la subida de las pensiones, la ampliación del SMI y las ayudas al transporte público.

Los doce millones de pensionistas deben saber quién y por qué han impedido con su voto la mejora de su situación a los más débiles y por qué. PP y Vox, como vienen haciendo, intentan desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez para recuperar el poder que perdieron por su corrupción. Junts, y así lo reconoce su líder Puigdemont, para dar un escarmiento al Gobierno que no cumple sus compromisos, según Waterloo. Miserable actitud, castigar a los más débiles con tal de castigar al Gobierno.

Ojalá cuando vuelva a solicitarse el voto no pierda la memoria toda esta ciudadanía perjudicada por meros intereses políticos de una derecha rencorosa, incapaz de jugar limpio ni siquiera con las cosas de comer. Puigdemont, desde su alucinada satrapía de Waterloo, ha vuelto a dar señales de insensatez al obligar a los suyos a despeñarse en los brazos de quienes ya avisaron que si ganan los van a aniquilar.