Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, figuró en la nómina de Servinabar entre 2019 y 2022, percibiendo un total de 61.669 euros brutos durante ese periodo. La información, adelantada por El Confidencial, se basa en la documentación remitida por Hacienda Foral al magistrado instructor del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Muñoz, hermano de Paqui, esposa del exsecretario de Organización del PSOE, habría recibido 3.363 euros en 2019, 16.255 euros en 2020, 21.233 euros en 2021 y 20.818 euros en 2022.
Fue el pasado martes cuando se conoció que otra familiar del exdirigente socialista navarro, su hermana Belén Cerdán León, también había trabajado para Servinabar. Según los datos tributarios, percibió 22.200 euros en 2020, repartidos en tres trimestres: 11.696 euros en el primero, 8.036 en el segundo y 2.468 en el tercero.
Fuentes de la defensa de Santos Cerdán subrayan que tanto Antonio Muñoz Cano como Belén Cerdán León cuentan con una dilatada trayectoria profesional en sus respectivos ámbitos laborales. En el caso del cuñado, aseguran que “es albañil de profesión” y trabajó como tal en la empresa Servinabar efectivamente en una obra en el período que aparece en la documentación de la Hacienda Navarra. El informe de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social, al que ha tenido acceso este periódico, acredita su “extensa vida laboral” y las empresas anteriores y posteriores en las que ha sido contratado.
Una dilatada experiencia laboral
Respecto a Belén Cerdán, la defensa afirma que “tiene 41 años cotizados en la Seguridad Social como administrativa”. Añaden que ese ha sido su trabajo habitual y que “no es cierto que ella fuera contratada ‘sin experiencia’ por Servinabar” o por la gestoría posterior donde trabaja, como se ha publicado en algunos medios de comunicación. El informe de Vida Laboral de la concejala en Milagro acredita este supuesto.
Las mismas fuentes explicaron que trabajó como administrativa para Servinabar entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020, con un salario neto mensual de 2.000 euros. Posteriormente, pasó a desempeñar las mismas funciones en una asesoría externa que gestiona la contabilidad de la empresa. Según la versión de la defensa, no se produjo ninguna irregularidad y se trató de un empleo “ordinario”, sin relación con contratos públicos ni con el cargo político de su hermano.
