Una de las grandes tomaduras de pelo de estos días es que nos aseguren que el acuerdo con calzador entre PSOE y PP para renovar el CGPJ acabará como por arte de magia con la politización de la Justicia. Como ya escribí, suena a broma de pésimo gusto que se esgrima tal objetivo al mismo tiempo que los dos partidos se ha repartido literalmente a pachas –diez para uno, diez para otro– los veinte nuevos integrantes del que llamamos “órgano de gobierno de los jueces”. Y, aunque haya pasado algo más desapercibido, es todavía más sangrante que en la componenda medio obligada por la Comisión Europea se haya incluido la designación de José María Macías para cubrir la vacante en el Tribunal Constitucional. Para quien no tenga el disgusto de conocerlo, les cuento que estamos hablando de alguien al que el clásico calificativo “conservador” se le queda extracorto. Entrevistado habitual de los medios diestros y ultradiestros, se jacta de haber estado contra Pedro Sánchez desde que fue investido por primera vez. En los últimos tiempos, se ha distinguido especialmente por sus ataques feroces contra la ley de Amnistía y, como vocal del CGPJ caducado, se ha erigido en adalid contra el acuerdo para la renovación del organismo que llamaba “la última aldea gala”. Sin disimulos, Libertad Digital, su cabecera de referencia, anunció su nuevo destino diciendo que Macías llegaba al Constitucional “para frenar a Conde-Pumpido”.
Ahí tienen la idea que tiene el PP sobre la despolitización de la Justicia. La misma, no nos engañemos, que tiene el PSOE, que si ha aceptado llevar un hooligan de este percal al tribunal de garantías es, simplemente, porque sigue manteniendo su mayoría de magistrados afines para, por ejemplo, anular las sentencias de los condenados por los ERE de Andalucía. Así que mejor que nos desengañemos. Las manos políticas no tienen el menor interés en dejar de mecer la cuna judicial.
