Volvemos a lo del otro día, cuando unos se echaban las manos a la cabeza y otros justificaban con argumentos monodireccionales la presencia de una exjefa de ETA en unas jornadas de la universidad pública de la demarcación autonómica. Esta vez, no sé si un paso más allá o más acá, el escenario ha sido una de nuestras sacrosantas instituciones, en concreto, las Juntas Generales de Gipuzkoa. Allí tuvo la oportunidad de impartir doctrina en materia fiscal un tipo llamado Gorka Vidal, cuya notoriedad se debe a ser uno de los fulanos que en diciembre de 1999 –apenas anteayer, como quien dice– fue detenido cuando trasladaba a Madrid junto a otro individuo 1.500 kilos de material explosivo para su utilización no precisamente en exhibiciones pirotécnicas. Es imposible que la asociación de ideas sobre la cuestión de la que el tipo iba a perorar no nos lleve al pésimamente llamado “impuesto revolucionario”. Uno de esos chistes que se cuentan solos. Pero, más allá del chascarrillo fácil, lo que procede preguntarse es si una persona con un currículum como el del tal Vidal, que, de acuerdo a la legislación vigente, ha cumplido la pena que se impuso en su día, puede o no puede ser llamado a participar en esta o aquella actividad en organismos públicos. Mi respuesta, más allá de mi inmenso asco moral ante la bibliografía presentada por el gachó, es que sí… o que tal vez, no.
Me explico. Va siendo hora de que sincronicemos nuestros relojes éticos. Y ahí vuelvo al ejemplo de mi columna anterior al respecto. Si Gorka Vidal puede, también debería poder José Amedo, condenado como jefe de los GAL que, tras cumplir la condena impuesta por el mismo aparato judicial que se encargó de Vidal, es una persona libre. ¿Lo aceptamos? No es que me tema, sino que estoy seguro de que no. Así que aplíquese cada cual el cuento sobre quién es “reinsertable” y quién no. Solo nuestros queridos asesinos. Los otros, ya tal.