La diputada de Cultura desveló ayer, en la comisión correspondiente de Juntas Generales de Álava que, aunque en todo momento se ha actuado en el puente de Trespuentes para garantizar su seguridad, la realidad es que ese paso sobre el río Zadorra “está en el limbo en cuanto a titularidad”. Ana del Val compareció en dicha comisión para explicar el asunto de la titularidad del puente de Trespuentes y sobre las labores de mantenimiento a realizar en el mismo. Y lo hizo desmontando incluso declaraciones que señalaban que era un patrimonio nacional y estaba protegido por el Gobierno Vasco.

La diputada explicó que el 8 de febrero de 2020 su Departamento recibió una comunicación de la junta administrativa de Trespuentes en la que se exponían los diversos desperfectos que podían causar riesgos de caídas y deterioro del monumento y en la que se solicitaba actuación urgente por parte del servicio de patrimonio.

Eso motivó una visita el 13 de marzo de 2020 y la elaboración de una respuesta dirigida a la junta administrativa el 30 de marzo, en la que se concluía que “el estado general del puente es bueno, aunque los fallos de los defensas señalados menoscaban su seguridad, pudiendo existir riesgo de caída. El resto de los aspectos indicados, si bien son de índole estético, convendría que fueran subsanados, en orden a realizar un adecuado mantenimiento preventivo y una adecuada puesta en valor del monumento”.

Del informe se extrajo, según Ana del Val, que el estado estructural del bien patrimonial no corría riesgo y que en lo referido al mantenimiento estético y sobre todo al de seguridad, la junta administrativa tenía toda la razón en su petición.

Sin embargo, si bien por una parte el servicio de patrimonio certificaba qué correspondía hacerse, al no ser de titularidad de la Diputación no procedía en ese informe a dar la orden de realizarlo, “deduciendo de forma errónea, como luego hemos descubierto todas las partes, que la titularidad era de la junta administrativa”.

La diputada añadió que a partir de ese momento, 30 de marzo de 2020, y hasta el registro de petición de comparecencia el 1 de junio de 2021, la junta administrativa no se vuelve a poner en contacto con el Departamento de Cultura, “de tal manera que no descubrimos el problema de la titularidad, dando por hecho, además, que nuestra intervención había terminado”.

Registrada la comparecencia que pidió el presidente de la junta administrativa, la diputada actuó de forma que “he revuelto un poco a todo el mundo”. En primer lugar, envió al servicio de arqueología a realizar también una visita, a fin de contemplar la situación del puente desde el punto de vista técnico y revisar la señalética y cartelería. La visita la realizaron el 10 de junio y emitieron el informe el 14 de junio. En él se hace una descripción del puente, declarado monumento calificado desde el punto de vista arquitectónico en el Decreto de los Puentes del Zadorra del año 2017 y que arqueológicamente está incluido dentro de la delimitación de Iruña-Veleia. Y respecto a la señalética hace un análisis de la misma, y de la que habría que arreglar o actualizar.

Además, en el informe “se propone comunicarlo internamente entre servicios y abordar una limpieza de la vegetación que enmascara el puente para evitar su deterioro, y realizar unos trabajos de reparación y acondicionamiento necesarios en petriles y en la vía. Estos trabajos ya están finalizados y se realizaron entre el día 4 y el 11 de octubre”.

Otra cosa, explicaba Ana del Val, es la cartelería, con la que “continuamos trabajando en ello, ya que hay que recabar información sobre la titularidad de cada uno de los carteles y paneles”.

Además de las gestiones realizadas para los arreglos mencionados y de una visita al puente por parte del servicio de museos y arqueología, “he llamado al alcalde de Iruña de Oca, he buceado por los archivos de diversos departamentos y es verdad que se puede deducir que efectivamente, la titularidad para nuestra sorpresa, está en el limbo”.

Pero una cosa es la titularidad y otra la responsabilidad y la Diputación, en los últimos 22 años, ha invertido un total de 204.213,65 euros en ocho intervenciones. Es decir, el puente no ha estado abandonado.

El principal problema es señalar quién tiene la competencia. Por ello, el pasado día 8 se juntaron en el puente la diputada, el alcalde de Iruña de Oca, el presidente de la junta administrativa y miembros de los servicios de arqueología, patrimonio histórico arquitectónico y de infraestructuras viarias. “Llegamos al acuerdo de que, si bien el señor Di Paola, presidente de la Junta, tiene que llevarlo a su junta vecinal, vamos a iniciar el procedimiento para que la titularidad sea de la junta de Trespuentes”, señaló.

Entre todos llegaron también al acuerdo para la firma de un acuerdo entre la junta administrativa, el Ayuntamiento de Iruña de Oca y la Diputación Foral, para firmar un convenio de colaboración que recoja los compromisos para su mantenimiento, cuidado patrimonial y puesta en valor.

De esta manera, y una vez finalicen ambos procedimientos, “por cercanía, para poder hacer una labor de vigilancia, control y traslado de información de forma ágil, pero además porque independientemente del convenio, es como se podrá acceder a las subvenciones existentes, la titularidad debe recaer en la junta administrativa”. Y esto sin olvidar que “también tenemos claro que a nivel de bien arqueológico tenemos responsabilidades como diputación foral independientemente de la titularidad”.