- El movimiento de pensionistas vascos reclamó ayer al Ararteko, el defensor del pueblo vasco, que analice e investigue si las administraciones públicas han gestionado de forma correcta los servicios sociales durante los peores momentos de la pandemia, y si "las actuaciones llevadas a cabo para proteger a las personas que conviven dentro de las residencias, tanto públicas como privadas, así como a las trabajadoras", al igual que a los usuarios y empleados de los servicios de ayuda a domicilio, han podido incurrir "en conculcaciones de sus derechos", con especial atención "a las limitaciones de visitas con carácter ordinario, así como en las situaciones de final de vida".

Además, según avanzó el portavoz del colectivo en Álava, Juan Antonio Armentia, el 5 de agosto el movimiento de pensionistas presentará a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un informe similar al trasladado al Ararteko para que "tome las medidas oportunas" en caso de considerar que las administraciones han podido cometer alguna infracción susceptible de ser enjuiciada.

El documento, entregado al secretario general del Ararteko en ausencia de Manu Lezertua, cuenta con "informaciones que hemos recogido de los medios de difusión, informes de las actuaciones judiciales cuando se han dirigido desde los tribunales a distintos estamentos de la administración, y las entrevistas que hemos mantenido nosotros con las administraciones públicas, concretamente con las consejerías de Bienestar Social, Sanidad y representantes de las diputaciones".

La agrupación recuerda que "el 38% de los decesos producidos en nuestra comunidad autónoma por el covid-19 correspondan a personas domiciliadas en las residencias de mayores". "Pedimos al Ararteko que, si lo considera oportuno, haga las recomendaciones que tenga que hacer a las administraciones públicas, y que realice un informe general sobre cómo han funcionado en este periodo de pandemia las instituciones en cada territorio histórico", subrayó Armentia. La petición de los pensionistas recoge de hecho los principales y peores momentos de la crisis sanitaria en cada territorio.

En lo que a Álava respecta, pone el foco en situaciones como, entre otras, la sufrida "en la residencia Sanitas del barrio de San Martín, donde la Diputación Foral de Álava tiene un total de 28 plazas concertadas y que el 19 de marzo había registrado diez fallecimientos", o que el día 21 de marzo "se produjo la primera víctima del coronavirus en la red foral alavesa". Además, han recopilado diferentes informaciones periodísticas sobre el desarrollo de la crisis sanitaria en las residencias y recursos sociales del territorio durante la pandemia. También incluyen la petición realizada a la fiscalía alavesa para confirmar si se estaba llevando a cabo una investigación por su parte de la situación en las residencias alavesas, y la respuesta del fiscal apuntando que "efectivamente, por orden de la Fiscalía General del Estado" la fiscalía de Álava "comenzó a recoger información sobre la situación de las residencias de mayores a raíz de la pandemia que nos asola", añadiendo que "no obstante", la investigación fue asumida posteriormente por la Fiscalía Superior del País Vasco, motivo por el que el movimiento de pensionistas trasladará a la misma su petición el 5 de agosto en Bilbao.

En esencia, las conclusiones de la investigación realizada por los pensionistas vascos y la petición al Ararteko para que active un análisis exhaustivo, incluidas visitas a los centros, se basan en cuatro cuestiones: "Las residencias públicas y su funcionamiento, el servicio de atención domiciliaria, el servicio de atención de día y, unido a eso, los propios trabajadores de ambos servicios", explicó Armentia, para quien el hecho de que en Euskadi "siempre se justifica que en otros sitios la pandemia ha sido peor no nos complace". "Entendiendo que la pandemia ha pillado a todo el mundo por sorpresa, pero no estamos contentos con el funcionamiento de las instituciones públicas", aseguró.