EL Deportivo Alavés se enfrenta mañana a un equipo que cuenta con 160 socios, disputa sus partidos en un estadio con 1.500 espectadores y representa a una localidad de 5.000 habitantes. Refundado en 2004, seis años después La Muela malvive ahora en Segunda B. Asolado por las deudas, el presidente de la entidad, Miguel Abbas, amenazó la semana pasada con retirarse de forma inmediata de la competición si no recibían a corto plazo las ayudas económicas públicas y privadas que venían solicitando desde hacía meses. Pero la intrincada historia que ahora protagoniza la escuadra aragonesa tiene su germen en una de los casos de corrupción urbanística más curiosos -por contexto y protagonistas- que han saltado a la opinión pública española en los últimos años. Y eso es mucho decir.

Edificada a 23 kilómetros de Zaragoza, esta pequeña -pero nada modesta- localidad ascendió de la noche a la mañana a los primeros puestos en la lista de pueblos con mejor calidad de vida de España. Su equipo de fútbol les acompañó en el viaje, y ahora tanto uno como otro sufren las consecuencias del proceso judicial que ha pasado a la historia como Operación Molinos. Como todos los nombres con los que la policía define este tipo de actividades, tal bautismo no fue en balde. La Muela cimentó su crecimiento económico en la desmesura. Un enorme parque eólico con cerca de quinientos aerogeneradores fue la primera piedra en un camino asfaltado por fajos de billetes. Tras él, en 1997 llegó el polígono industrial Centrovía, con medio millar de empresas en su seno.

El dinero empezó a entrar a espuertas. Y desde entonces ya nada volvió a ser lo mismo. Liderado por la alcaldesa, María Victoria Pinilla -Mariví para sus vecinos-, militante del Partido Aragonés, el Ayuntamiento de este pueblo zaragozano inició la vorágine constructora. De repente, sus cinco mil vecinos se toparon con un auditorio, un museo del viento, otro del vino y un tercero denominado Museo de la Vida, un parque destinado al estudio de las aves, un balneario, un completo complejo deportivo, una residencia de ancianos, un centro social, colegios, bibliotecas, plantas depuradoras y, sobre todo, varios complejos residenciales que pretendían convertir a La Muela en una urbe capaz de acoger a unos 50.000 habitantes en sus casas. Antes de que el escándalo urbanístico saliera a la luz, el último proyecto ideado era la construcción de un tranvía que trasladara a los muelanos hasta Zaragoza por 23 kilómetros de vías. La locura llegó a puntos surrealistas. El Consistorio llegó a subvencionar viajes al Caribe -donde la alcaldesa tenía casa propia- o pagos para la Universidad de jóvenes muelanos

El 18 de marzo del año pasado, la policía detuvo a la alcaldesa de La Muela y a otras dieciocho personas -entre ellas su marido y su hijo- acusada de nueve delitos diferentes: cohecho, revelar secretos, negociaciones prohibidas para funcionarios públicos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en las subvenciones, fraude en exacciones ilegales y blanqueo de capitales. El Consistorio anunció por megafonía a los vecinos la encarcelación de su alcaldesa, que cuatro meses después salió de la cárcel tras pagar 800.000 euros de fianza y declararse inocente de una operación que tuvo su detonante en la recalificación irregular de terrenos industriales próximos al parques eólico para la construcción de viviendas.

inyección económica Pocos años antes de que María Victoria Pinilla acabara en prisión, en 2004, la alcaldesa encomendó a su hermano, Víctor Pinilla, tomar las riendas del principal proyecto deportivo de la localidad. El equipo de fútbol de La Muela inició su andadura en Segunda Regional, y seis años después, la escuadra del Clemente Padilla logró el pasado verano un merecido ascenso a Segunda B ante el Cerceda.

Antes de que empezara la presente temporada, pocos apostaban por la pervivencia de la entidad con el presupuesto más bajo de toda la categoría, 510.000 euros. Trece integrantes de la anterior plantilla abandonaron el equipo aurinegro, que ahora, con Gori Silva en el banquillo, cuenta con dieciocho futbolistas aragoneses en su vestuario. Decimoterceros con quince puntos -cuatro victorias, tres empates y seis derrotas-, los jugadores de la escuadra muelana llevaban dos meses sin cobrar -esta semana han percibido la primera mensualidad que les debían-, y los que perviven del año anterior tampoco han recibido varias nóminas ni las primas por el ascenso. El dinero procedente de instituciones y patrocinadores ya no entra en sus arcas, y Miguel Abbas, presidente del La Muela, tiene claro el motivo: "Se han empeñado en mezclar la existencia de una entidad deportiva, que lleva el nombre de una localidad que está señalada políticamente, y así nos lo han hecho saber en numerosas ocasiones desde todos los estamentos".

En estos momentos, al igual que ocurre en Vitoria con el Deportivo Alavés, la supervivencia de La Muela pasa por la llegada de un grupo inversor que ponga dinero sobre la mesa. El mayor interesado a día de hoy es Luis Oliver, consejero delegado del Betis, que aprovechando el reciente encuentro de la Copa del Rey entre el cuadro bético y el Zaragoza en La Romareda. Sin embargo, según apuntan desde la capital aragonesa, parece que los planes de Oliver pasan por hacerse con el club para trasladar el equipo de La Muela a la ciudad de Zaragoza y buscar así un mayor apoyo empresarial. De momento, después de que el presidente lanzara el órdago de abandonar la Liga la semana pasada, algunos patrocinadores y el propio Gobierno aragonés han prometido ayudar al maltrecho La Muela para garantizar su continuidad. Al menos, hasta final de temporada.