Las Juntas alavesas acuerdan adaptar la normativa tributaria para "aliviar el impacto del aumento de los costes energéticos"
PNV, PSE y Elkarrekin votan a favor de un cambio que ha contado con la abstención de EH Bildu y PP, y la negativa de Vox
El Pleno de las Juntas Generales de Álava ha acordado adaptar la normativa tributaria del territorio a diversas modificaciones estatales en materia de IVA, impuestos especiales e impuestos sobre el valor añadido y, sobre todo, sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, así como para establecer un régimen transitorio en materia de financiación de producciones culturales, con el objetivo de "aliviar el impacto del incremento de los costes energéticos y de los carburantes".
PNV, PSE y Elkarrekin Araba han secundado el cambio de la normativa, que ha contado también con la abstención de EH Bildu y Partido Popular y la negativa de Voz en el pleno de las Juntas alavesas.
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La diputada foral de Hacienda y Presupuestos, Itziar Gonzalo, ha sido la encargada de explicar las modificaciones que buscan "dar una respuesta eficaz a un contexto económico que exige medidas urgentes de apoyo a familias, empresas y sectores estratégicos".
Entre ellas, se reducen distintos tipos impositivos en el ámbito de los hidrocarburos y de la electricidad. También se establece un tipo reducido del 10% de IVA para determinados suministros energéticos, electricidad para los hogares, vulnerables y pequeños consumidores, gas natural, biomasa, leña y determinados carburantes.
Su propósito es "proteger el poder adquisitivo de las familias y reducir la presión sobre sectores económicos, especialmente afectados por el aumento de los costes energéticos".
Asimismo, el decreto adapta la regulación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, introduciendo minoraciones en la base imponible y en los pagos fraccionados durante 2026, especialmente en los dos primeros trimestres del año, para "acompasar la fiscalidad energética a la coyuntura actual y aportar estabilidad al sector".
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SEGURIDAD JURÍDICA
Por otro lado, incorpora determinadas modificaciones derivadas de la ley de la normativa europea sobre cooperación administrativa y comercio electrónico, donde se actualizan aspectos técnicos relativos a importaciones, depósitos distintos del aduanero y regímenes especiales aplicables a ventas a distancia de bienes importados.
Por último, el decreto incluye una disposición transitoria relevante para el ámbito cultural sobre la participación en la financiación de producciones culturales, que "generó dificultades prácticas en proyectos ya iniciados bajo un marco normativo anterior". Por ello, se establece un régimen transitorio que aporta "seguridad jurídica" a las producciones audiovisuales, películas y espectáculos en vivo y proyectos editoriales iniciados en 2025.
"Estamos ante un decreto que combina la adaptación a la normativa estatal europea con medidas de apoyo económico y de seguridad jurídica. Un texto que responde a circunstancias extraordinarias urgentes y que permite a Álava mantener un marco tributario alineado, estable y eficaz", ha destacado Gonzalo.
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Por su lado, el portavoz del PSE, Josu López Ubierna, ha destacado que "las medidas han sido positivas, porque las familias y las empresas han visto reducir su factura de la fiscalidad energética y se ha conseguido, además, que la inflación, que es una de las cuestiones que más afectan a la economía, se haya mantenido".
El juntero de Elkarrekin Araba José Damián García-Moreno ha valorado un decreto que introduce "medidas que ya hemos apoyado en el Congreso" y que sirven para "mejorar la vida de la ciudadanía y afrontar en mejores condiciones las consecuencias económicas en nuestro país de las guerras en Oriente Medio iniciadas por los genocidas Netanyahu y Trump".
MULTINACIONALES ENERGÉTICAS
El juntero de EH Bildu Xabier Ullibarri ha señalado que "no es el camino adecuado bajar los impuestos sin incidir en los mercados", puesto que "las multinacionales energéticas están haciendo un gran negocio desde que surgió la guerra", para demandar "recuperar el impuesto sobre las multinacionales energéticas".
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El procurador del PP Miguel Garnica ha cuestionado que las medidas introducidas, especialmente sobre la electricidad y el gas, se acaban el 1 de junio de 2026, por lo que ha reclamado "mantenerlas, al menos hasta finales de junio", ya que "la guerra continua y la situación no ha cambiado la situación", por lo que se "va a penalizar más a las familias".
Por último, el juntero de Vox Jonathan Romero ha rechazado participar en el "blanqueamiento político del mismo modelo ideológico, energético y económico que ha provocado la situación que hoy dicen querer aliviar". "Mientras las familias se ahogan, ustedes mantienen intacta toda la arquitectura fiscal que ha provocado esta situación", ha reprobado.
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