El Pleno de las Juntas Generales de Álava ha convalidado el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2026, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes en respuesta a la situación económica derivada de la crisis en Oriente Medio.
El decreto de urgencia fiscal ha salido adelante con el apoyo del Gobierno Foral (PNV-PSE), la abstención de EH Bildu, PP y Elkarrekin Araba y la negativa de Vox en el pleno ordinario de este miércoles en la cámara alavesa.
La diputada de Hacienda y Presupuestos, Itziar Gonzalo (PNV), ha explicado que el decreto nace ante una coyuntura económica "incierta", que afecta especialmente a empresas, autónomos y contribuyentes con actividad económica, con el objetivo de "facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y mejorar la liquidez de quienes sostienen la actividad económica".
De entre las medidas más relevantes, ha destacado el establecimiento de un régimen excepcional de aplazos y fraccionamiento de deudas tributarias que permite aplazar pagos sin intereses de demora y sin necesidad de aportar garantías, lo que supone "un alivio inmediato para la tesorería de empresas y autónomos".
"Este aplazamiento se aplica a deudas cuyo plazo de pago se sitúa entre los meses de abril y julio de 2026. Además, tras un periodo inicial de dos meses de aplazamiento, la deuda puede pagarse en cuatro cuotas mensuales, también sin intereses", ha agregado, para informar que no todas las deudas pueden acogerse a este sistema, al "quedar excluidas algunos impuestos, como puede ser el caso del IRPF".
El decreto introduce incentivos fiscales para fomentar el empleo. En concreto, se incrementan las deducciones en el impuesto por la creación de empleo indefinido, pero con especial atención a la contratación de mujeres y menores de 36 años, dentro de una medida busca "no solo mantener, sino también dinamizar el mercado laboral en un contexto de incertidumbre".
PAGO FRACCIONADO DEL IRPF
Otra medida destacada es la eliminación del pago fraccionado del IRPF correspondiente al primer trimestre de 2026 para quienes desarrollan actividades económicas, lo que supone "una reducción inmediata de la carga fiscal".
Asimismo, se introduce una amortización acelerada extraordinaria para inversiones realizadas en 2026, para permitir a las empresas amortizar más rápidamente determinados activos, "incentivando la inversión empresarial y la modernización productiva, de forma que estas circunstancias y la coyuntura económica no frenen las decisiones de inversión por parte de las pequeñas y de las microempresas".
También introduce ajustes técnicos en otros impuestos, como es el caso de las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, incorporando beneficios relacionados con los ahorros energéticos, lo que "refleja una orientación hacia la sostenibilidad".
Por otro lado, se realizan modificaciones en el impuesto sobre actividades económicas para "mejorar la claridad y coherencia del sistema", especialmente en lo relativo al cálculo de la potencia instalada. Finalmente, se establece un plazo, hasta octubre de 2026, para que las entidades locales adapten sus ordenanzas fiscales a esta medida.
"Este decreto constituye una respuesta rápida y concreta ante una situación económica compleja. Combina medidas de alivio fiscal inmediato, incentivos al empleo y la inversión, y ajustes técnicos que buscan reforzar la seguridad jurídica del sistema tributario", ha subrayado Gonzalo.
El portavoz del PSE, Josu López Ubierna, ha defendido que el decreto pretende "proteger y ayudar al sistema empresarial a la vez y paliar los efectos de esta crisis energética y económica ocasionada por la guerra ilegal de Trump".
"Son medidas contrastadas con el sector empresarial y experimentadas y eficaces ya en otras crisis", ha señalado para resaltar la bonificación a la creación de empleo, "con especial atención a la contratación de mujeres y menores de 36 años".
"ES INSUFICIENTE"
El juntero de EH Bildu Xabier Ullibarri ha comentado que las medidas instauradas "no son suficientes" y ha demandado que "se pueden hacer más cosas" en cuanto a la fiscalidad, teniendo en cuenta la crisis económica que estamos viviendo", con la oportunidad de "aprovechar la autonomía fiscal de las que disfrutamos".
"Creemos que hay que hacer más cosas y que hay que hacerlas cuanto antes mejor y de una forma ambiciosa y general, por lo que vamos a solicitar que este decreto normativo de urgencia fiscal se tramite como norma foral", ha anunciado.
El juntero del PP Miguel Garnica ha reprobado que el Gobierno Foral presenta el decreto "como un trámite" para "salvar la papeleta", y ha criticado unas medidas "insuficientes" a base de "incentivos", para sentenciar que "no son medidas fiscales, sino financieras".
"No están haciendo nada más, porque lo que hacen es aplazar, ya que se tendrán que pagar más tarde. A ustedes solo les importa la recaudación y no les importa cómo está la calle, las familias y las empresas. No afronta los verdaderos problemas de subidas de precios, mientras que la recaudación cada vez aumenta más y los impuestos cada vez crecen más", ha cuestionado.
NORMA FORAL
El juntero de Elkarrekin Araba José Damián García-Moreno ha cuestionado un decreto que "se queda corto" y "no es suficiente" con las medidas que plantea, para demandar que las ayudas se tienen que enfocar "más a las familias y no solamente a las empresas, como se hace con este decreto".
"No aborda los problemas de las familias ni de la vivienda, no vamos a hacer impedimento para que se pueda aprobar, al abstenernos, pero, desde luego, queremos manifestar que se queda muy corto", ha manifestado.
El procurador de Vox Jonathan Romero ha rechazado el decreto, al aducir que "se queda corto y no afronta el verdadero problema que sufre la economía", porque los autónomos, hosteleros, transportistas, comerciantes y pequeñas empresas "llevan años asfixiados, no desde hace unas semanas o unos meses".
"No supone ningún cambio real de rumbo. Es simplemente un parche temporal e insuficiente para una crisis mucho más profunda de lo que ustedes quieren reconocer, porque apoyar este decreto supondría avalar la hipocresía de quienes primero contribuyen a arruinar autónomos y pequeñas empresas mediante sus políticas y después pretenden presentarse como sus salvadores", ha argumentado.
Finalmente, el pleno de las Juntas Generales de Álava no ha aceptado la petición de EH Bildu de tramitarlo como norma foral, ya que la votación ha contado con la negativa de PNV, PSE, PP y Vox, la abstención de Elkarrekin y el único voto afirmativo del grupo proponente.
