El Consejo de Gobierno Vasco ha autorizado la firma de un convenio interinstitucional entre el Ejecutivo autonómico, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de impulsar la puesta en marcha, en otoño, de "Barnahus", el modelo piloto de atención integral y especializada frente a la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes.
El Gobierno vasco ha subrayado que es una respuesta al incremento de la violencia sexual a menores y surge en un "contexto alarmante". En concreto, según la Ertzaintza, entre 2020 y 2023 se registraron 1.009 denuncias por delitos sexuales con víctimas menores de edad, multiplicándose los casos de 130 en 2020 a 448 en 2023. Además, se han incrementado los casos de violencia hacia niñas por parte de parejas o exparejas (25%) y los delitos de violencia sexual (24,2%).
A nivel estatal, los datos del Ministerio del Interior confirman que los menores de edad constituyen el grupo más afectado por el incremento de agresiones sexuales en los últimos años.
Un mismo espacio concentrará la intervención de los diferentes profesionales, con el fin de evitar la victimización secundaria al tener que repetir su testimonio o desplazarse entre distintos servicios
El Gobierno vasco ha señalado que la violencia sexual en la infancia y adolescencia genera "graves" consecuencias emocionales, físicas, cognitivas y sociales, que requieren una respuesta pública "coordinada, especializada y centrada en el interés superior del menor".
Por ello, este proyecto piloto, que se desarrollará en el Territorio Histórico de Álava, busca ofrecer una atención "homogénea y coordinada" que integre los sistemas sanitario, educativo, social, policial y judicial.
Se habilitará un espacio de referencia, proporcionado por el Gobierno Vasco, donde se concentrará la intervención de los diferentes profesionales, con el fin de evitar la victimización secundaria que sufren las víctimas al tener que repetir su testimonio o desplazarse entre distintos servicios.
El modelo prevé varios servicios especializados como acompañamiento, asesoramiento y orientación a las víctimas y sus familias; valoración médica y psicológica; entrevista exploratoria y toma de declaración; prueba preconstituida en un entorno seguro, con medios técnicos adecuados; valoración de las necesidades de intervención especializada y apoyo terapéutico y tratamiento focalizado en el trauma causado por la violencia sexual.
El Ejecutivo vasco ha subrayado que el acceso será "voluntario, gratuito, confidencial y respetuoso" con la dignidad de las víctimas y sus familias.
Servicios concentrados en un mismo espacio
Por parte del Gobierno vasco y, en concreto, del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico se garantizará dotación y mantenimiento del local, coordinación administrativa de los casos, y garantía de formación especializada de los profesionales.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos se encargará de los medios técnicos y humanos para la toma de declaración en condiciones seguras y adaptadas a menores, el de Educación de la aprobación del protocolo sectorial de actuación en centros educativos, refuerzo del papel de coordinadores de bienestar y protección y comunicación inmediata de casos detectados, y el de Salud y Osakidetza de la detección precoz en centros sanitarios y de los protocolos específicos de actuación, así como la incorporación de toda la atención a la historia clínica y programas de sensibilización y formación.
Por su parte, el Departamento de Seguridad y Ertzaintza dispondrán de unidades especializadas en investigación y protección de menores víctimas de violencia sexual y habrá aplicación de protocolos específicos de atención a la víctima.
Será responsabilidad de la Diputación Foral de Álava la investigación de los casos en coordinación con servicios sociales, la designación de un profesional de referencia y la elaboración de planes de intervención personalizados.
Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (y futuros municipios adheridos) se centrará en la actuación de los servicios sociales de base con capacidad de intervención directa y consideración de agentes de la autoridad, la designación de profesionales de referencia y el impulso de unidades de policía local especializadas en la atención a menores víctimas de violencia.
El convenio, que establece la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento y Control, tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogable hasta cuatro años adicionales. Asimismo, se contempla la posibilidad de que otros municipios de Álava se adhieran mediante una adenda, ampliando así el alcance del modelo
