Iruña de Oca fija en 0,50 euros el precio del taxi a demanda entre sus Juntas Administrativas y Nanclares

El Ayuntamiento de Iruña de Ocadio luz verde, en el pleno ordinario de diciembre, a la ordenanza reguladora del precio público del servicio de taxi a demanda en el municipio. Este servicioestá dirigido a las personas mayores de 16 años empadronadas en las Juntas Administrativas de Olabarrre, Montevite, Trespuentes y Víllodas, que necesiten trasladarse al centro de Nanclares de la Oca, donde se encuentran los principales servicios del municipio, tales como el centro de salud, los servicios postales, los centros escolares, los bancos, los comercios y el resto del transporte público.

La ordenanza recoge que el recorrido se realizará desde la vivienda de los usuarios hasta el núcleo urbano de Nanclares de la Oca y viceversa, sin que se prevean itinerarios fuera de ella.

Se prestará en función de la demanda, previamente hay que llamar por teléfono al taxista, y el precio del recorrido será de 0,50 euros. El texto fue aprobado con los votos a favor de PSE, PNV y EH Bildu; es decir, todos los grupos con representación municipal, a excepción de los dos ediles del PP, que se abstuvieron.

Consulta pública

Asimismo, los grupos acordaron realizar una consulta pública en la que se recogiera la opinión de los sujetos y entidades más representativas que puedan verse afectados por la futura norma reguladora de la Protección, Bienestar y Tenencia de animales de compañía.

El acuerdo establece que el proyecto de ordenanza se publicará en la página web municipal y los ciudadanos, entidades y asociaciones que lo deseen podrán realizar sus aportaciones antes del próximo miércoles (15 de enero), a través de la dirección de correo electrónico gabinete@irunaoca.eus.

Obras

Por otro lado, todos los grupos políticos aprobaron por unanimidad modificar los convenios firmados con las juntas administrativas de Trespuentes, Montevite y Ollavar para el pago de subvenciones nominativas para la ejecución de obras en sus núcleos urbanos.

La modificación aprobada permitirá al Ayuntamiento realizar pagos a cuenta, hasta un máximo del 40%, al presentar las certificaciones de obra por parte de las empresas adjudicatarias y no en su totalidad, tal y como se indicaba hasta ahora en los convenios.