Kaleratzeak Stop ha denunciado este jueves a través de un comunicado la política de vivienda del gobierno municipal de Vitoria y le ha exigido que anule el ultimátum de desahucio en ocho días que "ha dado a más de 30 familias que están ocupando en precario viviendas vacías de Olarizu por necesidad".
Según ha asegurado la agrupación, en Olarizu "hay intereses inmobiliarios para destruir lo construido, y dar un nuevo pelotazo, pero es difícilmente comprensible la actitud del actual alcalde y que, siendo la concejalía de Servicios Sociales responsabilidad socialista, se estén cometiendo tantas tropelías contra personas cuyo único delito es no disponer de un techo al que tienen derecho".
Haciendo memoria, ha recordado en ese escrito que hace dos años el Ayuntamiento inició, a través de la sociedad municipal Ensanche XXI, un procedimiento penal de desalojo "que fue archivado por los jueces por desproporcionado". Desde entonces, explica que el consistorio "ha sido incapaz de dar una respuesta a la emergencia habitacional que estas ocupaciones están reflejando, y ha contribuido a la precariedad de su vida, sin agua, sin electricidad, y sin tener cubiertas las necesidades mas básicas".
"Al margen de los tribunales"
Posteriormente, en octubre del año pasado, "el Ayuntamiento inició una nueva vía para desahuciar, pero al margen de los tribunales de justicia", afirma. De esta forma, "el Gobierno Municipal se convierte en juez y parte, y violenta la norma, que impide la recuperación de oficio sin intervención judicial si ha pasado más de un año desde la ocupación, e impone límites estrictos que en este caso no se cumplen".
En ese sentido, tachan de "inaceptable" que, "justo ahora, en plena crisis sanitaria y económica y con una normativa estatal que prohíbe los desahucios durante la pandemia, el Ayuntamiento haya rechazado todas las alegaciones presentadas, no proporcione alternativa habitacional clara", y les haya dado un ultimátum de ocho días para que desalojen voluntariamente los pisos y se vayan a la calle.
Por eso, anuncian que están facilitando la presentación de un recurso administrativo, y piden al Ayuntamiento que anule este ultimátum, proporcione alternativa habitacional a quienes acrediten su necesidad, y acudan a la jurisdicción civil en su caso. "El Gobierno de la ciudad debe asumir que enVitoria hay un problema grave de acceso a la vivienda y responder a nuestra solicitud de reunión registrada en diciembre", concluyen.
