VITORIA. La calle no es una alternativa habitacional/Tenemos sed de una vivienda digna reza una pancarta en la Plaza Nueva, frente a la Casa Consistorial, sostenida por okupas y colectivos que respaldan a las 40 familias que a día de hoy viven en las casas de la avenida de Olarizu, en proceso de desocupación por parte del Ayuntamiento de Gasteiz, y que temen quedarse en la calle.

Dentro de las dependencias municipales, el concejal de Políticas Sociales explica que los servicios sociales ya han atendido a 30 personas y sacado de los pisos a tres familias con niños a las que han trasladado a viviendas de emergencia social y pisos tutelados.

Jon Armentia transmite tranquilidad a los afectados. El caso está en periodo de evaluación en los servicios sociales de base, con el fin de ofrecer una respuesta a cada uno de ellos, en función del grado de vulnerabilidad, puesto que "no es igual una persona sola que una familia", apunta. E indica que les va a dar tiempo antes de que se ejecute el desahucio de las viviendas.

Ésta es, precisamente, una de las preocupaciones que manifiestan fuera los okupas. Que la orden de desalojo llegue antes que la respuesta de los servicios sociales a los que piden un alojamiento alternativo.

"El Ayuntamiento ha procedido a desalojar o limpiar los pisos vacíos, como mecanismo de presión hacia las familias que allí habitamos sin plantear ninguna solución", explican. Por eso, "pedimos que antes de llevar a cabo un desalojo violento considere nuestra situación como una emergencia habitacional sin resolver", añaden.

Indican que no están de okupas por gusto sino porque su situación de desempleo y precariedad económica les impide pagar el precio de un alquiler en Vitoria. "Tenemos derecho a que nuestro caso sea estudiado por los servicios sociales", reclaman.

Entre las 40 familias que aún residen en los pisos municipales okupados de la Avenida de Olarizu hay menores de edad y una mujer embarazada, dicen. "Hemos soportado el corte de luz, de agua y el acoso psicológico derivado de la presencia constante de la Policía, como si por ser pobres fuésemos delincuentes o criminales.

Sin embargo, "aguantamos esta crisis sanitaria sin agua en las viviendas", detallan. Cuentan los okupas que desde hace una semana patrullas de la Policía Local están 24 horas debajo de las casas y citan como ejemplo de lo que denuncian como "acoso policial" el robo de dos generadores de una vivienda por parte de los agentes "de manera absolutamente ilegal".

RESPALDO

En su concentración de esta mañana a la entrada del Ayuntamiento, las personas okupas de Olarizu han estado respaldadas por representantes de una decena de colectivos y sindicatos, que han manifestado su profundo rechazo a las actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento, ya que "lejos de garantizar el derecho a una vivienda, agrava la situación al anunciar nuevos desalojos", aseguran.

Los okupas de Olarizu conocieron hace unas semanas que el Ayuntamiento, tras un acuerdo del gabinete Urtaran con el PP, había comenzado a distribuir las notificaciones de recuperación de oficio de las 124 viviendas de propiedad municipal de la Avenida de Olarizu, iniciando así el proceso administrativo de expulsión de los vecinos que desde hace años habitan estas casas abandonadas.

Dichas notificaciones les llegaron el 20 de octubre, con un plazo de diez días laborables para presentar alegaciones ante la unidad municipal de Gestión Patrimonial.

Días después, el lunes 2 de noviembre, dentro del plazo establecido, 35 vecinos registraron dichas alegaciones de manera conjunta. Enmiendas para las que ahorra esperan respuesta.