Álava mejorará la atención a los menas en base al informe de la universidad de Oviedo

El informe final llegó a manos forales el pasado mes de abril, con la legislatura a punto de finalizar, por lo que los técnicos forales del departamento de Servicios Sociales estudian ahora las 97 páginas de las que consta y las recomendaciones que se proponen a la Diputación alavesa para mejorar el servicio de atención a los menas. “El trabajo que tenemos por delante es ver cómo abordamos la ejecución de las conclusiones del informe para tratar mejor a los menores. Intervendremos en los centros para trabajar con ellos de la mejor forma, en función de sus necesidades y de su situación personal”, valoró ayer el diputado general, Ramiro González.

Elaborado mediante entrevistas con el personal de los centros y los propios menas -89 residían en Álava en enero de este año, cuando se realizó- el estudio establece recomendaciones de actuación que van desde la mejora del procedimiento para clarificar si el joven llegado al territorio es realmente menor de edad -“la percepción entre los profesionales es que no ha habido ninguna evolución en este área desde que comenzó la llegada de menas, y sienten que la Fiscalía no está introduciendo suficiente rigor en el tema”, asegura el informe-, hasta la necesidad de acometer “una profunda revisión” en los programas de atención a los problemas de conducta más graves de los menores.

Uno de los problemas más relevantes y que atañen a la estructura de la red de acogimiento residencial “es la falta de plazas especializadas en el trabajo de preparación para la vida independiente” de los jóvenes, algo que “debe necesariamente crecer en cobertura” por “el problema evidente que supone en el proceso de intervención no poder facilitar que un joven avance en su proceso por falta de plazas en este tipo de recursos”. El informe también alerta de la necesidad de realizar “una labor de coordinación que facilite el proceso de inserción laboral y social tras cumplir la mayoría de edad” de los jóvenes. Igualmente, son varios los indicadores a lo largo del informe que señalan dificultades en el diseño de la primera acogida. “La principal dificultad es no poder contar con más recursos que den respuesta a la llegada de menores, evitando así la posible sobreocupación del recurso si la llegada sigue incrementándose. Pero, por otro lado, es la falta de plazas en recursos de preparación a la emancipación la que está provocando estancias especialmente largas en un programa que debiera tener una función muy delimitada: identificación y valoración”.

determinación de la edad Sobre el proceso de clarificar la edad del menor extranjero, una cuestión en la que “una decisión errónea puede traer repercusiones suficientemente graves como adoptar medidas más garantistas y respetuosas”, el informe señala que, tras las entrevistas con los profesionales, “no queda claro qué organismo, si la Diputación o la Policía Nacional, es el encargo de dar por válida la documentación que pueda aportar el menor, como un pasaporte o carta nacional, y que las pruebas médicas “son orientativas”, por lo que “la percepción es que el procedimiento no está siendo del todo eficaz”. La Universidad de Oviedo recomienda “delegar la decisión en los organismos competentes, como el ministerio fiscal, siempre y cuando se garantice una estrecha coordinación y agilidad en el proceso”.

“Más conveniente sería que el ministerio fiscal tomase en consideración la documentación aportada para ponderarla junto con otras pruebas y emitir un decreto que no se base sólo en los resultados médicos. También sería posible tomar en consideración otros elementos como el grado de madurez”, subraya antes de advertir de que “en el caso concreto de Álava, el decreto por el que se determina la edad de los menores en los que existe duda respecto a la misma se retrasa de manera alarmante”. “Mientras en otras comunidades autónomas, la determinación de la edad se puede llevar a cabo en menos de 48 horas, en Álava puede estar demorándose incluso varios meses”.

El documento resalta que “en la red de acogimiento residencial de Álava parece que los centros específicos para menores extranjeros se encuentran en una situación de muy alta ocupación, que dificulta que los jóvenes puedan trasladarse de centro cuando su proceso lo requeriría”, si bien mantiene que “se debe mencionar que desde Diputación se ha hecho un gran esfuerzo por preservar la seguridad y buen funcionamiento del resto de hogares que componen la red, evitando su sobreocupación”.

centros Desde la universidad asturiana sostienen que “no es un número muy elevado de menores los que presentan conductas delictivas”, pero éstas “son los suficientemente importantes como para que se tomen las medidas oportunas para zanjar cuanto antes la trayectoria delictiva”. “La mayor dificultad en este sentido es que no se cuenta con los medios suficientes para abordar estas situaciones que, de nuevo, exceden la labor de protección”, concluye.

Sobre Sansoheta, asevera que su número de plazas “quizás resulta excesivo”, y censura “el modo en que se está gestionando el centro de Estíbaliz, que tras varios años de funcionamiento continúa en un estado de provisionalidad que está conllevando que no se cuente con los medios necesarios para desarrollar una adecuada intervención”. El grupo de familia de la universidad de Oviedo advierte sobre la gestión interna de los centros de que “no conviene castigar el uso de la lengua de cada joven, al ser un signo relevante de identidad” -el documento mantiene que en ocasiones a los jóvenes se les sanciona por usar su lengua materna en lugar del castellano- y que “se debe respetar la práctica de sus costumbres, siempre y cuando no incidan negativamente en el desarrollo y adaptación del joven”. Sobre centros como Bideberria, apunta que las medidas sancionadoras para los menas “pueden estar deteriorando la relación entre educador y joven”, y pide que “se redoblen los esfuerzos para que los equipos educativos puedan tener algún contacto con las familias de origen”, aunque “no es desdeñable el número de menas que han vivido situaciones de desprotección en sus hogares de origen”.

El informe, por cierto, establece que, a priori, en Álava mantener una red específica de centros para menas pasa a día de hoy por ser mejor que integrarlos en recursos generales para que convivan con otros menores del sistema de protección. “Es innegable que su mantenimiento queda fundamentado” por el volumen de menas tutelados por la Diputación, “casi el 40% de los menores acogidos en centros y hogares en el momento del estudio”.