oion - Excavaciones Reinares no sólo no cobrará los 400.000 euros de lucro cesante que había pedido por la no entrada en funcionamiento del vertedero de inertes de Oion sino que además tendrá que pagar algo más de 60.000 euros de costas a las que le ha condenado el juez. El pasado verano, antes del relevo en la Cuadrilla de Rioja Alavesa ya se conocía que la sentencia sería desestimatoria para la empresa reclamante y con condena de pago de costas, pero Reinares utilizó el plazo concedido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vitoria para apelar un fallo que ahora ha sido ratificado y declarado firme.

El vertedero de inertes de Oion fue una idea del exalcalde Alberto Ortega, que en 2001 planteó la construcción de esa instalación y de un garbigune. Dada la envergadura de la iniciativa y de los beneficios que podría dar a la comarca se pidió a la Cuadrilla que se encargara de la obra y de su gestión. La obra se inició en 2007 en un terreno que había sido cedido por la empresa Excavaciones Reinares, que lo aportaba a cambio de gestionar esa actividad, así como, según la empresa, el futuro garbigune. Con ese planteamiento se terminó en 2010, año en el que se elaboró y aprobó la normativa de uso. De acuerdo con ella, el vertedero de inertes tendría una vida útil de 25 años y a lo largo de ese tiempo podría acoger hasta 256.500 metros cúbicos (equivalente a una población de 12.000 habitantes) de residuos procedentes de obras, movimientos de tierras o de jardines de Rioja Alavesa, aunque se dejó abierta una puerta para que también pudieran proceder de Logroño, siempre que fuera material no orgánico.

Una vez recepcionada la obra, los técnicos del Gobierno Vasco acudieron al lugar y pusieron algunos reparos para la autorización debido a las mil y una deficiencias que encontraron. Para subsanar los fallos, la propia empresa firmó un contrato en 2013 con una firma madrileña, Lucio Csr, por un importe de 60.000 euros y se fijó como plazo máximo de finalización de la obra septiembre de 2014, aunque todo continúa paralizado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Oion se vio obligado a proteger sus intereses. Como en una primera vista el tribunal no condenó a costas a Reinares, aunque sí desestimó sus pretensiones, la broma le costó a las arcas municipales 12.500 euros. Posteriormente se sucedió una segunda vista, la que ha terminado ahora, y, como la empresa ha sido condenada a costas, Oion no tendrá que pagar los gastos de su defensa jurídica. El futuro de esta instalación, no obstante, tiene una difícil salida, ya que el terreno es propiedad de Excavaciones Reinares, pero la gestión es responsabilidad de la Cuadrilla, y la palabra final la tiene la Diputación.