Vitoria. Da igual que la oposición le diga una vez tras otra que no. La privatización del 49% de Amvisa continúa en el punto de mira del equipo de gobierno. El PP ve en esta operación la posibilidad de lograr 40 millones de euros, pero los demás grupos rechazan la idea, ya sea por temor a perder el control de una empresa clave en la ciudad y modélica en Europa, a que suban los precios del agua -los populares lo niegan- o se evaporen las ayudas del Gobierno Vasco. Por eso, el primero de los informes encargado a una asesoría para conocer la viabilidad de esta transacción y hecho público ayer mismo convirtió la comisión de Hacienda en un hervidero de críticas, alertas y demasiados miedos.

"Este informe no tiene nada que ver con una posible gestión público-privada, eso es el segundo, sino que se trata de la puesta en valor de Amvisa para ver su capacidad financiera", insistió el concejal de Hacienda, Manu Uriarte, sin mucho éxito. Para entonces, el PSE y Bildu ya habían hecho las primeras lecturas del estudio y advertían de que la semiprivatización acarrearía un gran perjuicio para esta empresa municipal y un chollo para la compañía privada que comprara el 49%. "Lo están interpretando mal. Sólo se concluye que pueden reducirse las reservas de Amvisa y seguir funcionando bien", reiteró el edil del PP.

La llamada a la calma de Uriarte no surtió efecto. El PSE y Bildu tenían muy claro lo que estaban leyendo. Informe en mano, el portavoz socialista, Patxi Lazcoz, advirtió de que la página 23 "analiza la opción de control público y privado", mientras que la 27 habla de que el pago medio a proveedores sea de 150 días, "límite que no corresponde a una administración pública". Además, añadió, se dice que en 2013 y semiprivatizando Amvisa, la sociedad municipal pasaría "de tener 0 euros de deuda a 32,5 millones". Bildu, por su parte, se centró en otra idea: que con la semiventa el Ayuntamiento se llevaría "34,9 millones" y la empresa privada que lo comprara "90". Salta a la vista que el segundo informe será clave.