- El preso de ETA Igor González Sola muerto el pasado viernes en su celda de la prisión de Martutene había dejado el Colectivo oficial de presos de la banda (EPPK) por sus diferencias con la organización, después de que iniciara su proceso de acatamiento de la legalidad penitenciaria. Por esta misma razón no figuraba en el listado de Etxerat publicada en su página web ni tampoco en el de Sare que incluye el informe y la situación de los presos enfermos.

González, de 47 años, era vecino de Bilbao y se hallaba enfermo, llevaba encarcelado quince años y había cumplido las tres cuartas partes de su condena el pasado mes de marzo. La hipótesis con más fuerza es la del suicidio como causa de su muerte. Las autoridades penitenciarias decidieron trasladarlo en julio de la prisión de Soria a la de Martutene por su estado de salud y porque había aceptado la legalidad penitenciaria, como paso previo a progresar de grado y acceder a permisos de salida de la cárcel y a un régimen de prisión más atenuado.

Había abandonado el EPPK por sus discrepancias con el colectivo y al no pertenecer a este tampoco figura en el listado de presos de Etxerat. En la última actualización del 21 de agosto pasado no aparece González ensu página web entre los 187 presos de ETA que cumplen sus condenas en las cárceles del Estado ni entre los 8 reclusos que están en las cárceles vascas. Además, figuran otros 4 que cumplen su condena en arresto domiciliario, entre ellos Josu Urrutikoetxea. Hay que añadir los 34 reclusos en cárceles de Francia, con lo que la suma total es de 233. A esa cifra se le añaden los 6 reclusos de la órbita del Movimiento pro Amnistía y contra la Represión (ATA), la escisión de Sortu. Estos no figuran en la lista de Etxerat ni tampoco el único preso de la vía Nanclares que sigue en prisión, ya que se han apartado del EPPK y de la ortodoxia de la izquierda abertzale.

Durante el fin de semana la izquierda abertzale ha realizado actos de protesta por la muerte de González e incluso una manifestación en Bilbao que reunió a miles de personas para denunciar la política penitenciaria como causa del fallecimiento.