barcelona - Carles Puigdemont se mantiene más firme que nunca en su intención de revalidar su cargo telemáticamente. Ni siquiera desvela si volverá a Catalunya si logra ser elegido, y juega con la idea de gobernar desde Bruselas. Este enroque del president cesado puede llevar a un escenario de difícil salida ya que, aun en el caso de que gane la votación en la Cámara catalana, su elección a distancia no sería reconocida ni por el Estado español ni por la oposición parlamentaria. En esta tesitura, mientras los diputados de JuntsxCat arropaban ayer en Bruselas a su líder y decían no contemplar candidato alternativo, ERC y la CUP se mostraban inquietos ante la estrategia de Puigdemont. Los unionistas, por su parte, advirtieron de que su respuesta a una investidura telemática sería judicial e inmediata, lo que provocaría que la legislatura comenzara con otro choque de trenes entre las instituciones catalanas y el Gobierno de Mariano Rajoy.

Y es que la elección de Carles Puigdemont a distancia puede provocar un escenario inédito en democracia: un mandatario investido por una mayoría parlamentaria, pero no reconocido por las instituciones del Estado. No es una hipótesis remota. En JuntsxCat dan por hecho que la sesión de investidura se producirá y dejan caer que si es necesario desobedecerán el dictamen de los letrados del Parlament, que ya han expresado que la opción telemática es contraria a las normas de la Cámara. “Quien tiene que decidir cómo se aplica el reglamento es o bien el presidente del Parlament y la Mesa, o bien el pleno”, zanjó desde Bruselas la diputada electa Elsa Artadi, que cree que “no hay nada que impida” que Puigdemont revalide el cargo de president.

Si finalmente la mayoría independentista elude el reglamento e inviste al candidato de JuntsxCat aunque éste se encuentre en Bélgica, el recurso del Gobierno español y de los partidos unionistas al Tribunal Constitucional será inmediato. De esta manera, Carles Puigdemont podría convertirse en un presidente de facto pero no de iure. Es decir, elegido por la mayoría de la Cámara catalana, pero sin reconocimiento alguno por parte de la legalidad española, ni de la oposición parlamentaria en Catalunya. El Ejecutivo de Rajoy ya ha adelantado que no permitirá que Puigdemont ejerza mientras permanezca en Bruselas. La misma postura mantiene Ciudadanos, primera fuerza en el Parlament tras el 21-D. Así las cosas, existe un alto riesgo de que regrese el clima de máxima tensión que se vivió en las semanas previas y posteriores a la consulta del 1-O.

El Gobierno criticó ayer que el plan de Puigdemont va “contra todo sentido común” y se encomendó a las acciones judiciales. En palabras del portavoz Iñigo Méndez de Vigo, en caso de que se produzca la investidura telemática el Ejecutivo español recurrirá “inmediatamente” y “sin ninguna vacilación”, convencido de que hay razones jurídicas que rechazan esa “añagaza” parlamentaria. En términos similares se expresó la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, que expresó abiertamente que su partido “no reconocerá a un presidente que no se someta a una investidura correctamente” y además “estando huido de la justicia con graves cargos”.

inquietud en erc y la cup Dada la incertidumbre que está provocando la estrategia de Carles Puigdemont, en las filas de ERC y de la CUP se muestran inquietos y ya hay voces que piden al president destituido que, si es necesario, se eche a un lado para facilitar el inicio de la legislatura y que se conforme un Govern independentista. Los anticapitalistas expresaron ayer su descontento e incluso tacharon de “irresponsable” al líder de JuntsxCat. “Es muy irresponsable que no se esté explicando claramente cuál será el programa de actuación para los próximos años y cuál es el contenido de ese acuerdo que flota en los medios y del que no conocemos los detalles”, criticó la diputada electa Maria Sirvent. Por ello, exigió transparencia en las negociaciones entre partidos y abrió la puerta a buscar alternativas ante la complejidad de la investidura de Puigdemont.

En Esquerra fueron más sutiles en sus apreciaciones, pero sí dejaron deslizar que Puigdemont no debería ser el único nombre que se baraje. Según expresó el portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardà, aunque restituir al president cesado es su primera opción, “nadie es imprescindible” en el escenario actual. “Lo prioritario ahora es que haya un Govern independentista que traslade la voluntad popular expresada el 21-D”, remató Tardà.