Siete mil nuevas viviendas protegidas a disposición de la ciudadanía, la mitad de ellas para jóvenes; la creación y dotación de un fondo para la adquisición de viviendas en el mercado y destinarlas al alquiler protegido; o el desarrollo de planes especiales de vivienda para las zonas tensionadas, son algunos de los retos para esta legislatura de cara a facilitar el acceso a la vivienda, según se ha anunciado en el Foro Social de la Vivienda, convocando este miércoles a los agentes firmantes del Pacto Social por la Vivienda con el objetivo de anunciarles la creación de uno de de carácter permanente para impulsar nuevas políticas de vivienda y dar una respuesta de país a un problema que afecta de manera especial a los jóvenes.

El acto, celebrado en Lehendakaritza, ha sido presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, quien ha destacado la importancia de abordar este gran reto desde un enfoque de solidaridad intergeneracional para que Euskadi siga creciendo en bienestar sin dejar a nadie atrás. “El problema de la vivienda no es solo un problema de hoy, pero también es un problema de hoy. Y tenemos que encontrarle las soluciones adecuadas. Porque no es posible construir un proyecto de vida sin poder emanciparse. Los jóvenes de hoy, lamentablemente, ven lejana esa posibilidad. Y esto influye directamente en sus decisiones y en sus aspiraciones futuras. No podemos permitirlo. El acceso a la vivienda es un reto de país y así lo estamos abordando”, ha asegurado el lehendakari.

Duplicar las viviendas en alquiler

En el transcurso de la reunión con los agentes convocados, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha reiterado su compromiso con los objetivos del Pacto por duplicar en los próximos 12 años el número de viviendas de alquiler asequible, llegando hasta las 50.000; aumentar el parque de viviendas protegidas en más de un 50%, pasando de las 74.000 actuales a las 116.000; y llegar a las 350.000 viviendas rehabilitadas, duplicando de esta manera ritmo anual.

Asimismo, ha concretado algunos de los objetivos del Gobierno vasco para esta legislatura que acaba de arrancar: poner 7.000 nuevas viviendas protegidas a disposición de la ciudadanía, la mitad de ellas para jóvenes; la creación y dotación de un fondo para la adquisición de viviendas en el mercado y destinarlas al alquiler protegido; o el desarrollo de planes especiales de vivienda para las zonas tensionadas.

Asimismo, se van a establecer líneas actuación conjunta en materia de fiscalidad, junto a las diputaciones forales, para estimular la puesta en el mercado de vivienda protegida y facilitar el acceso de la ciudadanía a las mismas, en especial de los jóvenes, cuyos salarios en la actualidad “alcanzan entre el 50 y el 75% del que cobraban sus padres a su edad, por lo que el encarecimiento de la vivienda y la disminución de ingresos de los nuevos potenciales adquirentes está provocando una inédita transferencia de rentas de los jóvenes a los mayores bien vía pensiones, bien vía alquileres”, ha apuntado Itxaso durante su intervención.

En la misma línea, el nuevo consejero ha compartido su intención de reunirse con entidades financieras y el sector de la construcción, para explorar fórmulas dirigidas a aumentar la actual oferta de vivienda.

Zonas tensionadas

La reunión del Pacto Social por la Vivienda ha analizado la situación actual de los acuerdos alcanzados y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

En su exposición, el director del Observatorio Vasco de la Vivienda, Mario Yoldi, ha situado la inversión del Departamento de Vivienda y sus sociedades públicas en 351 millones de euros, a los que deben sumarse 80 millones de ayudas al alquiler y 450 millones en desgravaciones a la compra y el alquiler.

En total, cerca de 900 millones de euros que equivalen al 1% del PIB vasco, porcentaje que se quiere llevar hasta el 1,5% en los próximos doce años. En este sentido, se propone también aumentar las reservas con las que cuenta el Departamento para 2.742 viviendas y ha solicitado una mayor implicación por parte de los ayuntamientos. 

En cuanto a las zonas tensionadas, el informe de seguimiento constata que son 43 los municipios de Euskadi que cumplen los requisitos para ser declarados zonas tensionadas, para poder poner coto al incremento de los precios del alquiler, medidas que podrían llegar a beneficiar hasta al 68% de la población de Euskadi que reside en estos municipios.

Asimismo, se quiere ampliar el rango de ingresos máximos que permiten acceder a una vivienda de protección pública o promover una línea de avales por parte del Gobierno vasco que pueda contribuir a cubrir las fianzas de los contratos de arrendamiento para personas vulnerables.