El departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco ha abonado ya a las administraciones municipales y forales más de 6 millones de euros para ayudar a financiar los costes que supuso la implantación, durante el último trimestre de 2022, de las bonificaciones al transporte público al 50 %.
La consejería dirigida por Iñaki Arriola planteó apoyar a los operadores locales que implementaran un descuento del 50 %, financiando un 10 % desde las arcas autonómicas si ellos asumían otro 10 % y solicitaban la ayuda del Gobierno español del 30 % restante. Una vez finalizado el trimestre, el Gobierno vasco ha abonado las ayudas a los distintos operadores de transporte público dependientes de las diputaciones y los ayuntamientos.
En Araba, la diputación ha recibido 218.618 euros, el ayuntamiento de Gasteiz 237.022 euros y el de Agurain 275 euros. En el caso de Bizkaia, el Consorcio de Transportes de Bizkaia ha recibido 2,17 millones de euros, la diputación 1,12 millones, el ayuntamiento de Bilbao 376.838 euros, el de Barakaldo 14.259, el de Etxebarri 6.121, el de Sopela 5.377 euros, el de Leioa 2.186 euros y el de Erandio 1.940 euros. En Gipuzkoa, el Gobierno vasco ha abonado a la diputación 1,16 millones de euros, al ayuntamiento de Donostia 691.674 euros, al de Irun 38.670 euros, al de Errenteria 13.436 euros, al de Mondragón 3.438 euros, al de Zarautz 2.810 euros, al de Eibar 1.018 euros, al de Lasarte-Oria 586 euros, al de Oñati 5723 euros, al de Oiartzun 56 euros y al de Hernani 501 euros.
Bonificación prorrogada
El Gobierno vasco apoyará este primer semestre de 2023 a los ayuntamientos y diputaciones con financiación para paliar la reducción de ingresos que supone la extensión de las bonificaciones a la mitad de su precio habitual. Se repetirá la misma fórmula de financiación, con ayudas directas del 30 % del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del 10 % por parte del Gobierno Vasco y de otro 10 % de los operadores locales. Esta situación será revisada al concluir estos seis meses para evaluar si se mantienen las condiciones que han motivado esta medida.
