El tejido empresarial del territorio se encuentra a día de hoy en una “situación de calma” pese a la guerra abierta en Oriente Medio, pero sus principales representantes, SEA y la Cámara de Álava y también el gobierno foral, han decidido ser “previsores”. El ente foral, de forma coordinada con las dos diputaciones vecinas y el Gobierno Vasco, está diseñando un paquete de medidas para paliar los efectos que pudiera tener una prolongación del conflicto bélico en Irán y los países de su entorno, entre las que se encuentran varias de tipo fiscal que ya se implementaron en crisis anteriores.
El diputado general, Ramiro González, reconoció este jueves tras un encuentro con las diputadas Cristina González, Itziar Gonzalo y Saray Zárate, el presidente y el director general de la Cámara, Gregorio Rojo y Santiago Barrueco –respectivamente–, así como el presidente y el director general de SEA, Juan Antonio Sánchez Corchero y Juan Ugarte, que el impacto real que el conflicto tendrá sobre la industria alavesa dependerá en todo caso de su “intensidad y la duración”. De hecho, si la situación logra estabilizarse en los próximos “días o semanas”, sus efectos podrían limitarse apenas a “episodios de volatilidad temporal, ante los que las empresas están protegidas”.
El máximo dirigente foral subrayó que el impacto fundamental de esta crisis sobre el tejido alavés está siendo el incremento del precio de la energía, que suponía ya un problema para las empresas electro-intensivas que esta nueva guerra está agravando. De hecho, tanto en la reunión del grupo para la defensa industrial presidida el pasado miércoles por el lehendakari, Imanol Pradales, como en la celebrada este jueves en el Palacio Foral, la primera demanda de las empresas fue la eliminación temporal del Impuesto sobre el Valor de la producción eléctrica de maximización de las compensaciones por costes indirectos de CO2.
A esta medida podría añadirse también, en función de la evolución del conflicto, la reducción del IVA de la factura eléctrica, lo que permitiría aliviar no solo a las empresas, sino también a los hogares.
González aseguró igualmente que, entre otros mecanismos, la Diputación utilizará su capacidad fiscal para aplicar de “manera urgente y extraordinaria” distintas medidas concretas que alivien las tensiones financieras de las empresas cuando sea necesario. Por de pronto, el ente foral va a monitorizar en tiempo real la situación de los distintos sectores productivos del territorio para, en función de la evolución del conflicto, aplicar unas u otras, mirando también de reojo los pasos que opte por dar el gobierno español.
Serán, según detalló González, medidas que se pondrán en marcha “cuando la situación lo requiera y para las empresas y sectores que lo requieran”, y entre ellas se encuentran los aplazamientos extraordinarios en el pago de impuestos, la flexibilización de plazos, la exoneración de pagos fraccionados, la amortización acelerada de inversiones o adelantar las devoluciones de IVA.
Reducir la presión financiera
“Se trata de incidir directamente sobre la tesorería y la liquidez de las empresas alavesas, reduciendo su presión financiera para priorizar otros pagos que garanticen el mantenimiento de la actividad económica y productiva además del empleo”, detalló el líder foral, antes de asegurar que son medidas que “ya han funcionado en crisis anteriores y volverán a hacerlo ahora si es necesario”.
González aseguró que la Diputación está “preparada” para hacer frente a esta crisis, “para responder a las necesidades de nuestra industria, la continuidad de nuestra actividad y empresas y la protección de nuestros empleos. Estar al lado de las empresas es defender los puestos de trabajo y las familias”, enfatizó.
