La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha insistido este viernes en Vitoria en la necesidad de impulsar “una política de transición para transformar el ecosistema de cuidados, adecuándolo a cambios sociales profundos como el envejecimiento, los avances en la igualdad o el cambio de perfiles y expectativas de quien cuida”, y ha subrayado “la imperiosa necesidad de tramar consensos políticos y de país para asegurar la innovación, la sostenibilidad y el futuro”.

Ha pronunciado estas palabras en el marco de la jornada Los futuros del bienestar, una nueva sesión en el proceso de escucha activa Entzunez Eraiki, impulsado por el PNV con el objetivo de escuchar lo que la sociedad vasca demanda para poder orientar así acciones futuras.

En su ponencia, englobada bajo el título La construcción del bienestar, un reto compartido, Artolazabal ha desgranado “las bases teóricas, los principios y las acciones prácticas” con las que su departamento está trabajando en las que constituyen “responsabilidades sobre la práctica totalidad de las claves de la nueva agenda política y social”. En este sentido, ha ejemplificado, adscribir la gestión de la política penitenciaria a un departamento que aúna la igualdad, la justicia, los derechos humanos, las políticas sociales y la diversidad es “toda una declaración de principios”.

Como lo es poner el foco de atención y acción en “menores en situación de vulnerabilidad; víctimas de violencia machista; personas mayores en soledad; personas en exclusión; familias monomarentales; jóvenes migrantes sin redes familiares de apoyo; víctimas del terrorismo; personas privadas de libertad o familias huyendo de lejanas guerras”.

La materialización de estas acciones, ha explicado la consejera, parte, como principio de base, de la promoción del bienestar social y personal, gestionando lo público y lo común para posibilitar los proyectos de vida de personas y familias, así como el ejercicio de los derechos de la ciudadanía”; e impulsando para ello “la igualdad como condición para la libertad y para una vida plena”.

En palabras de Artolazabal, “los sistemas públicos de protección no son fines, sino medios orientados a un bien común, el bienestar social, cuya construcción es permanente, compete a toda la sociedad y se centra en las personas”.

Modelo de cuidados sociales

Es para ello necesaria, ha expuesto, la cooperación entre un sector público “fuerte, avanzado, que innova, aprende e impulsa el diálogo y la gobernanza compartida”; un sector privado “generador de valor social y con un modelo inclusivo y participativo”; un Tercer Sector “crítico, autónomo y que coopera con el resto de sectores”; una sociedad “rica, diversa, plural y comprometida”; familias “diversas, cuyas funciones sociales se reconocen y apoyan”; y redes comunitarias “fortalecidas, que generan vínculos, sentido de pertenencia y apoyo social”.

La consejera ha apostado por impulsar un nuevo modelo de organización social de los cuidados que implica “un mayor peso del cuidado institucional y un cuidado familiar entendido como una opción que precisa apoyos”. Un modelo de cuidados sociales, ha precisado, que promueva “alternativas viables de atención en el domicilio y alojamiento con apoyo” o avance “hacia centros residenciales concebidos como un hogar”.

La máxima responsable del departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha aludido, en este contexto, a un “futuro Pacto Social por los cuidados” que incorpore “a otros departamentos, instituciones y agentes”, con actuaciones “estratégicas e innovadoras”.

Artolazabal ha matizado que no se trata solo de lograr una buena coordinación, sino de cooperar, “de trabajar juntas y juntos para construir políticas de transición y un ecosistema de protección social que ofrezca respuestas alineadas e integrales. De fortalecer la gobernanza colaborativa”.

La cooperación, ha concluido, “no es una opción. Es un imperativo ante situaciones de urgencia y transición”. En el encuentro han participado una treintena de agentes y profesionales vinculados al ámbito de las Políticas Sociales. Mireia Zarate, presidenta de Sabino Arana Fundazioa, ha dado paso a las intervenciones introductorias del presidente del EBB de EAJ-PNV, Andoni Ortuzar, que ha participado de forma telemática desde Roma; Xabier Barandiaran, burukide de Innovación Política del EBB; y Nerea Melgosa, burukide de Políticas Sociales.

Emilio Sola

La diputada de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Maite Peña, ha disertado sobre La innovación en el ámbito de las Políticas Sociales. Por su parte, Sergio Murillo, diputado de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, ha analizado en su intervención La sostenibilidad del modelo institucional de las políticas sociales. Emilio Sola, diputado de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava, se ha centrado en El futuro del sistema de cuidados. Y Ana Sofi Telletxea, profesora de la Universidad de Deusto, ha examinado en su ponencia El futuro de las políticas activas de inclusión. Rafael López-Arostegi, asesor de Políticas Sociales del Gobierno Vasco y experto en el Tercer Sector, ha cerrado la sesión con una síntesis de las principales ideas abordadas y conclusiones obtenidas a lo largo de la mañana.

En una ponencia titulada A modo de conclusión: los retos de futuro en el ámbito de las políticas sociales, ha reiterado que “la sociedad vasca está realizando una transición desde un modelo familista de bienestar a otro de liderazgo y responsabilidad pública, y de cooperación entre sectores, en el que se amplían los derechos subjetivos, aumenta el gasto social y se despliega el sistema de protección y sus diferentes subsistemas, incorporando medidas de urgencia ante las crisis y estabilizando después algunos programas que se muestran eficaces”.

Un “modelo propio de bienestar”, ha detallado, “para la protección de la educación, la salud y la autonomía, mediante prestaciones educativas, sanitarias y de cuidados sociales; entendidos como apoyos relacionales para la integración social con autonomía”.

Los cuatro sectores, ha concluido, “son imprescindibles para asegurar la cohesión social y una red de protección profunda que no se agota en los sistemas de responsabilidad pública”.