El Parlamento francés aprobó este jueves de forma definitiva una ley para proteger lenguas como el euskera, que abre la puerta a la inmersión lingüística y a la subvención a escuelas privadas en idiomas diferentes al francés.
El texto, el primero de este tipo en la República francesa, fue aprobado por 247 votos a favor y 76 en contra en la Asamblea Nacional con una redacción similar a la que había sido adoptada previamente en el Senado en diciembre pasado, por lo que se considera aprobado.
El Gobierno no había dado su respaldo a esta proposición de ley impulsada por un grupo minoritario al considerar que podía poner en peligro la enseñanza del francés y su extensión a todo el territorio. Pero los bloques partidistas acabaron divididos por las disensiones de diputados procedentes, sobre todo, de Bretaña, de la región de Occitania y de Iparralde, que decidieron arropar el texto impulsado por el diputado Paul Molac.
Actualmente, unos 170.000 de los más de 12 millones de escolares franceses reciben clases en una de las cuatro lenguas reconocidas: bretón, occitano, euskera y corso.
La nueva ley exige que en los territorios concernidos por lenguas propias como curre en Iparralde todo alumno pueda recibir una enseñanza en las mismas.
Además, abre la puerta a que los centros propongan la llamada inmersión lingüística, aunque la lengua principal seguirá siendo el francés.
Este era el principal punto de controversia, puesto que el Gobierno consideraba que esa enmienda, añadida en la tramitación parlamentaria en el Senado, donde el partido "macronista" no tiene mayoría, suponía una amenaza a la primacía del francés.
El Ejecutivo considera, incluso, ese punto contrario a la Constitución del país que establece que "la lengua de la República es el francés".
Molac, por su parte, defiende que ninguna resolución del Consejo Constitucional ha ido en contra de la inmersión lingüística y que la Carta Magna también recoge que "las lenguas regionales pertenecen al patrimonio de Francia".
El otro punto más polémico se refería a la financiación de las escuelas privadas para la enseñanza de esas lenguas.
El texto adoptado establece que los Ayuntamientos deberán subvencionar a las escuelas privadas en aquellos lugares donde no haya ninguna pública que proporcione este tipo de clases.
La ley recoge otras disposiciones relativas a la visibilidad de las lenguas regionales, como la posibilidad de colocar paneles de señalización bilingües o la autorización a incluir en los nombres propios signos diacríticos, muy usados en el bretón
