- El pleno del Senado rechazó ayer la moción presentada por el PP pidiendo la paralización de la tramitación de la reforma educativa de la Lomloe o ley Celaá y con el objetivo de que se recuperara el diálogo político de cara a un consenso.

La iniciativa, consecuencia de una interpelación a la ministra de Educación, Isabel Celaá, fue defendida por la senadora Ana Alós (PP), quien dijo que el paso por el Senado del proyecto de la Lomloe demuestra un “ninguneo absoluto” a la Cámara Alta y una “falta de respeto” a los senadores, pues no se ha permitido la participación de la comunidad educativa y no ha habido apenas debate.

Calificó de “autoritarismo” el que se haya usado la pandemia “en provecho”, en este caso, respecto a una ley educativa.

Y anunció que el PP ha presentado un escrito a la mesa del Senado para que se recupere el calendario previsto para la tramitación de la ley Celaá, que llegaba hasta el 25 de febrero, cuando ahora se quiere aprobar el día 23 de diciembre.

Alós insistió en que la ley Celaá tiene un “ánimo de confrontación”, va en contra de la libertad de los padres, de los centros concertados, de la Educación Especial o del castellano como lengua vehicular.

Inés Plaza (PSOE) respondió asegurando que la Lomce o ley Wert estuvo apenas unos veinte días en el Senado y que si se aprueba la Lomloe es porque su formación ha buscado los apoyos necesarios, por lo que saldrá adelante “democráticamente”.

Negó que la nueva norma vaya contra la elección de centro por parte de los padres o que se ataque a la concertada, la Educación Especial o el castellano y acusó al PP de “manipular para sacar rédito político”.

La iniciativa del PP la apoyó Alberto Catalán (UPN), que también consideró que la tramitación de la norma está siendo “atropellada y vergonzosa” y José Manuel Marín (Vox), quien cree que el tema del castellano en la ley es un “pago a los separatistas”.

María Ponce (Ciudadanos) apoyó la moción y denunció que en plena pandemia el PSOE haya puesto en marcha “una contrarreforma educativa”, “de prisa y con rodillo”. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid va a tramitar hoy un decreto para elevar de seis a diez años la duración de los conciertos educativos en la región.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo avanzó ayer y explicó que, según la Ley Orgánica de Educación, las comunidades autónomas pueden elevar la duración de los conciertos de los colegios, que hasta ahora en Madrid era por seis años.

“Nosotros hemos decidido que para dar mayor seguridad a las familias que optan por la concertada vamos a alargar estos conciertos hasta diez años, de modo que no van a vencer dentro de dos, sino dentro de seis”, indicó la jefa del Ejecutivo madrileño.

“De esta forma las familias tendrán más tiempo para seguir optando libremente a este modelo educativo”, señaló Ayuso, en línea con su estrategia para blindar la educación concertada ante la aprobación inminente de la ley Celaá.