Vitoria, 11 may (EFE).- El 60 % de los 7.000 empleados de la Administración General de Euskadi y organismos autónomos vuelven a partir de este lunes al trabajo presencial, entre protestas de los sindicatos que consideran que no se cumple con las medidas de seguridad.En el 40 % restante se incluyen las personas especialmente sensibles a un posible contagio por coronaviorus y quienes tengan a su único cargo a menores de 14 años o mayores dependientes y los que siguen inscritos en el programa de teletrabajo.
Tampoco acudirán en las próximas cuatro semanas aquellos empleados cuyo puesto de trabajo no cumpla con las medidas de seguridad y salud implantadas.
Para evitar aglomeraciones y reducir los movimientos de personal en los desplazamientos o en los tornos de entrada y salida de los edificios públicos, el Gobierno Vasco ha implantado la jornada continua de 7 horas al día, con 20 minutos de descanso que podrán disfrutarse en cualquier momento.
Además, ha previsto un horario flexible general de entrada y salida, y el personal público podrá entrar entre las 7.30 horas y las 9, y salir entre las 14.30 y las 16 horas.
Desde que el pasado 17 de marzo hasta este lunes el trabajo presencial en la Administración General ha descendido al 20 %, el considerado por el Gobierno Vasco como estrictamente indispensable para atender los servicios públicos esenciales.
Entre otras medidas, para el regreso a la actividad presencial se han establecido unas medidas de seguridad como la entrega de mascarillas al personal que por el tipo de trabajo que realiza no pueda guardar la distancia obligatoria de 2 metros.
Se han suspendido todas las reuniones de trabajo presenciales no esenciales, los trabajos en el exterior que no sean esenciales, solo puede ir una persona en cada viaje de ascensor y los servicios de comedor de los centros de trabajo del Gobierno Vasco continúan suspendidos.
El viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, ha asegurado que la vuelta al trabajo presencial del personal público "se hará siempre, siguiendo las recomendaciones de la autoridad en materia de Salud Pública para poder trabajar con las máximas garantías para la seguridad y la salud del personal".
Además, ha comentado que se están revisando los protocolos y medidas de prevención continuamente para que los centros de trabajo sean "seguros y se pueda velar siempre por la salud del personal público".
Zearreta ha considerado que la Administración debe "acompasar el retorno al trabajo presencial con el proceso paulatino de vuelta a la nueva normalidad de la sociedad".
Esta vuelta al trabajo presencial ha sido criticada por los sindicatos de la función pública, que consideran que las medidas de prevención articuladas por el Gobierno Vasco no son suficientes para garantizar la seguridad de los empleados en su vuelta al trabajo presencial.
Un grupo de una veintena de delegados sindicales de ELA, LAB, CCOO y UGT se han concentrado este mediodía frente a la sede central del Ejecutivo autonómico, en Vitoria, para protestar por este retorno a la actividad presencial con carteles en los que se leía "Eusko Jaularitza: Hau es da prebentzioa" (Gobierno Vasco: Esto no es prevención".
En un comunicado, estas centrales han considerado que esta reincorporación "forzosa, precipitada y poco planificada" también "chirría si se compara" con la que se lleva a cabo en estas administraciones y en otros centros de trabajo.
Se han mostrado preocupados por la reapertura de los centros de atención presencial y han criticado que "se niegue" hacer test de COVID-19 a la plantilla en general y a los trabajadores de estos centros en particular.
Por todo ello, se han comprometido a hacer un "seguimiento exhaustivo" de las condiciones de trabajo y de las medidas de prevención anunciadas, en especial la referidas a la limpieza o a los transportes, espacios en los que consideran que "las carencias están siendo clamorosas".
Han reprochado al Gobierno Vasco su "incapacidad para dialogar y acordar" y han recordado que los funcionarios han trabajado en casa durante todo el confinamiento, al tiempo que han explicado que van a proponer a los empleados públicos fórmulas de protesta "acorde a las circunstancias" con la premisa de que "la salud es lo primero".
