Madrid - El Pleno del Congreso respaldó ayer la ley que reconoce el derecho de los ciudadanos a morir con dignidad y a respetar sus decisiones cuando se encuentran en este proceso del final de la vida, una norma que varios grupos esperan que sea un paso más hacia la regulación de la eutanasia. La ley, que planteó Ciudadanos hace un año, fue aprobada con 316 votos a favor y 23 en contra, por lo que seguirá ahora su tramitación en el Senado. La Cámara Baja debatió el dictamen de esta ley que fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Sanidad, tras un año de trabajos de los grupos, que durante ese tiempo han incorporado algunas de sus propuestas.

PP, PSOE y Ciudadanos estuvieron de acuerdo en votar a favor de esta ley, al igual que el grupo de Podemos, que también da garantías jurídicas a los profesionales sanitarios, aunque mostró sus discrepancias en cuanto a su régimen sancionador.

El portavoz socialista Jesús María Fernández defendió que sean las comunidades autónomas que ya cuentan con legislación sobre esta materia (como Euskadi) las que tengan las competencias, un aspecto sobre el que Ciudadanos y el PP mostraron su rechazo.

Finalmente, el Pleno aprobó la propuesta del PSOE para que las sanciones queden en manos de las autonomías, a pesar de que los grupos nacionalistas coincidieron en que es una ley que invade sus competencias. Por otra parte, Fernández hizo hincapié en que esta ley evita la obstinación terapéutica y respeta las decisiones en el proceso final de la vida para no alargar innecesariamente el sufrimiento. En su intervención, aprovechó para pedir a Ciudadanos que deje de bloquear la tramitación de la ley socialista para regular la eutanasia.

La semana pasada, el diputado de la formación naranja Francisco Igea dijo que se replantearía votar a favor de la eutanasia si el PSOE insistía en rechazar el régimen sancionador estatal en la norma aprobada ayer. Igea, que argumentó que las sanciones comunes protegerían a los más débiles, ha asegurado que en España fallecen al año 50.000 personas sin cuidados paliativos, por lo que ha opinado que en España “se muere mal”.

Pilar Cortés, del PP, manifestó su satisfacción por la aprobación de esta ley “especial”, ya que afecta a todos por igual al margen de la ideología, familia o lugar de residencia.

La portavoz de Sanidad de Unidos Podemos, Amparo Botejara, estimó que en España se muere mal y ha esperado que esta ley sirva para corregir esta situación, si bien ha advertido de que tiene que estar dotada de financiación, porque de otro modo “no tendrá utilidad”.

Una ley centralizadora Mientras, los grupos nacionalistas PNV, PDeCAT y ERC coincidieron en la argumentación de sus reticencias hacia esta ley: desarrolla un contenido acerca de derechos y deberes que ya recogen otras leyes y, en algunos puntos, invade competencias de las autonomías. Se trata, para ellos, de un texto “normativamente innecesario”, según lo definió el diputado del Grupo Vasco en el Congreso, Joseba Agirretxea.

Por su parte, el representante de ERC, Joan Olòriz, apuntó, además, que se está legislando en materia de muerte digna para “no hacerlo en algo que es más urgente” como la eutanasia. - DNA/Efe