Cinco años de prisión, seis años sin poder ejercer la patria potestad de sus hijos, una indemnización de 30.000 euros por el daño moral causado a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, y pagar las costas del juicio. Ésta es la sentencia dictada por la Justicia española contra Juana Rivas, como autora de dos delitos de sustracción de menores. Además, el magistrado del Juzgado número 1 de Granada, Manuel Piñar, sostiene que a lo largo del juicio no ha quedado probado el maltrato ni hacia ella ni hacia los menores. Además, el juez considera que cuando decidió separarse del padre de sus dos hijos en el verano de 2016, Rivas optó por “explotar el argumento del maltrato” para obtener su guardia y custodia. Asimismo, acusa a esta madre de Granada de lesionar el honor de su expareja mediante una “campaña mediática con rueda de prensa incluida” con el objetivo de “arengar a una multitud irreflexiva y visceral, para hacerla cómplice de ese escarnio”.

Las reacciones a esta condena se sucedieron de inmediato. El abogado de Juana Rivas, José Estanislao López, tachó de “tremendamente injusto” el fallo y anunció que recurrirán ante la Audiencia de Granada, al considerar “desacertados” los argumentos esgrimidos por el juez para no valorar el contexto de violencia de género en el que, según defienden, se produjeron los hechos. Por contra, el letrado del italiano Arcuri se mostró “satisfecho” con la sentencia por entender que cumple las “expectativas” que se habían marcado tanto la Fiscalía como la acusación particular.

El desenlace de la lucha de Rivas, que recibió la comprensión y apoyo de señalados nombres de la política como el expresidente español, Mariano Rajoy, o la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también se abrió un hueco en la agenda del día. Los ecos de la sentencia llegaron a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en boca de la ministra portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, quien declaró que el “Gobierno acata las sentencias aunque algunas nos duelen más”. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, confió en que “mientras la sentencia que condena a cinco años de cárcel a Juana Rivas no sea firme, no entre en prisión”. IU y el PSOE, directamente, pidieron el “indulto obligado” de Rivas cuando la sentencia sea firme.

Especialmente llamativo fue el tuit de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. “No vamos a permitir que se normalice que, mientras violadores y maltratadores circulan libres por las calles, una madre que defiende a sus hijos vaya a la cárcel”, advertía Colau en su mensaje que iba acompañado de la imagen de la manifestación convocada en la Plaza Sant Jaume en apoyo a Rivas y contra la justicia patriarcal. El rechazo a la sentencia del juez Piñar fue generalizado entre las formaciones de izquierdas, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, criticó a los partidos políticos que “empujaron” a incumplir la ley a la ya condenada Juana Rivas.

Pese a ser verano cientos de personas secundaron las manifestaciones convocadas en distintas ciudades del Estado contra la condena, después de que Rivas decidiera ocultarse durante un mes en compañía de los dos menores para no entregárselos a Arcuri. La sentencia está fechada el 18 de julio. Ese mismo día se celebró el juicio contra Juana, que declaró que se fue en mayo de 2016 con sus dos hijos de la isla de Carloforte (Italia) porque “no quería vivir más” bajo “las torturas” de su expareja y que, ya en España, no le entregó a los niños, pese a conocer las resoluciones judiciales que le obligaban a ello, porque estaban “escapando del maltrato” y quería protegerlos.

Aunque el magistrado Manuel Piñar ya advirtió durante la vista oral que ésta no era una causa de malos tratos, el juez sostiene que a lo largo del procedimiento no se ha acreditado el maltrato ni hacia ella ni hacia los menores, mientras que los peritos que han actuado en la causa sí lo han descartado.