GASTEIZ - La nueva cartera de prestaciones de los servicios sociales entrará en vigor hoy lunes, con lo que se establece como un derecho subjetivo que se podrá reclamar ante los tribunales por parte de quienes cumplan los requisitos para ser beneficiarios. Este nuevo derecho se suma al que ya tienen los vascos reconocidos a percibir la Renta de Garantía de Ingresos y, desde el 1 de enero de este año, a acceder a una vivienda. Esto supone que las limitaciones presupuestarias no podrán dejar fuera del sistema a ninguna persona que tenga derecho a recibir una prestación en este ámbito.

El Gobierno Vasco aprobó en octubre del año pasado el decreto de cartera de servicios sociales con el objetivo de lograr que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se puedan dar las mismas respuestas a las mismas necesidades.

Hace ahora un año, el Gobierno Vasco aprobó el plan estratégico de servicios sociales de Euskadi 2016-2019 para avanzar en la universalización de estos y garantizar el acceso a los servicios y a las prestaciones económicas como derecho subjetivo.

En este plan se recoge que a lo largo del próximo ejercicio el conjunto de las administraciones vascas destinará a esta materia 1.101 millones de euros. Además, para el año que ahora termina creó un fondo extraordinario de 10 millones de euros para que los ayuntamientos adelantaran algunas inversiones necesarias, una cantidad que a partir de 2017 será de 20 millones anuales.

Con el despliegue del sistema vasco de servicios sociales el conjunto de las instituciones dan este lunes un “gran paso en la consolidación del Estado del Bienestar”, según señalan fuentes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Estas fuentes recuerdan que buena parte de los servicios y prestaciones que se describen en la carta están siendo prestados ya y que ahora se ha diseñado un modelo de atención centrado en los usuarios. “Por tanto, no se trata solo de atender a quien lo necesite, sino de atenderle preferentemente en su entorno, en el lugar donde vive y de acuerdo con sus necesidades y sus deseos”, indican.

Para hacer posible esto, las tres diputaciones han trabajado en los últimos meses con los ayuntamientos en la definición del mapa de servicios sociales. En Araba, la Diputación tiene previsto ratificar hoy que va a gestionar y financiar los servicios sociales que, por el reparto competencial, corresponden a ayuntamientos que no pueden hacerse cargo de su gestión. Se dará un plazo de 24 meses para dar forma jurídica a cada uno de los convenios con los 50 municipios de Araba, de la misma forma que ya lo hizo el pasado 1 de diciembre con el de Gasteiz.

En este convenio se concretaron los servicios que prestará cada institución en materia de ayuda a domicilio, hogares para niños en desprotección, centros para personas en exclusión y marginación y de acogida inmediata para mujeres e hijos víctimas de violencia machista, entre otros. En Gipuzkoa, por ejemplo, se ha detectado un déficit de cerca de mil plazas, entre servicios forales y municipales y se estima que será necesario incrementar el gasto público en el periodo 2015-2019 en 61 millones para poder alcanzar los objetivos de cobertura establecidos. - Efe