Madrid - El Consejo de Estado duda sobre la pertinencia de que los alumnos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato tengan que rellenar los denominados “cuestionarios de contexto” sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de los centros donde estudian.

“Debería pensarse si es conveniente formular este tipo de cuestionarios a los propios alumnos”, dice el máximo órgano consultivo en el dictamen sobre el proyecto de real decreto que regula esas pruebas, un norma que el Consejo de Ministros aprobó el 29 de julio pasado. El Consejo de Estado se refiere al artículo 5, que establece cuestionarios de contexto, siempre “anónimos”, dirigidos al alumnado, las familias, los padres, profesorado tutor y equipo directivo.

Este informe preceptivo, aprobado el 21 de julio, apunta también que debería precisarse si los alumnos de ESO podrán conseguir el título, como parece, con un máximo de dos asignaturas suspensas (que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Matemáticas) siempre que superen la evaluación final de la etapa y cumplan con los requisitos de calificaciones.

Entre la documentación remitida por el Ministerio de Educación, el Consejo constata que la memoria de análisis de impacto normativo “no considera el coste” que supondrá la puesta en marcha del sistema de evaluaciones, como tampoco la ejecución posterior. “Es evidente que se van a producir costes derivados de la preparación y ejecución de las pruebas, sean costes materiales, de personal o de otro tipo”, aduce el órgano consultivo. La evaluación final de ESO tendría un coste de 2,3 millones de euros, según la estimación que el Ministerio remitió a las comunidades en enero de 2013.

La memoria citada también indica que este sistema de evaluaciones tendrá efectos “positivos” sobre las familias, pero Educación no ha aportado los informes en que se basa tal conclusión, según el Consejo.

El documento del Consejo, que ha sido aprobado por unanimidad de la Comisión Permanente, asegura que han sido “muchas” la entidades de todo tipo que se han opuesto al proyecto de evaluaciones de ESO y Bachillerato, fundamentalmente porque rechazan el modelo de “reválidas” introducido por la Lomce.

Por su parte, el Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, pidió ayer que se suspenda la reválida porque contradice las normativas estatal y catalana y, además, “vulnera el principio de igualdad de oportunidades” y contradice el principio de equidad, al introducir un proceso de evaluación supuestamente homogéneo a situaciones que son muy diversas. - Efe/E.P.