Los obispos dicen que el político que apoye el aborto debe rectificar en público para comulgar

Camino daba así forma, acompañada del procedimiento para la exoneración del pecado, a la amenaza que espetó el pasado 11 de noviembre cuando advirtió que los católicos no pueden apoyar el proyecto de ley del aborto, ni darle su voto, y si lo hacen, "están objetivamente en pecado público y no pueden ser admitidos en la Sagrada Comunión". Ayer, tan sólo un día después de la aprobación en el Congreso del proyecto de reforma de la ley, Camino dio un paso más.

En una conferencia de prensa para informar de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la CEE, que concluyó ayer, afirmó que esta postura de la Iglesia Católica, "en todo el mundo", no es nueva y se remitió a sendos documentos al respecto: una carta del entonces Cardenal Joseph Ratzinger al ex presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Theodore McCarrick, de junio de 2004, y a una declaración de la CEE sobre el anteproyecto de la Ley del Aborto, de 17 de junio de 2009.

El portavoz de la CEE y Obispo Auxiliar de Madrid también indicó que el proyecto de Ley del Aborto, que anteayer comenzó su tramitación parlamentaria, es "aún más injusto" que la legislación ya existente al respecto.

"Lo nuevo (con respecto a los dos documentos citados) es que ahora estamos en una situación específica que no será buena para la sociedad española. El proyecto empeora desde el punto de vista ético la actual legislación, que ya es injusta", manifestó.

Martínez Camino recordó también que en la carta de Ratzinger se señalaba que ante la discrepancia con la iglesia sobre asuntos morales como el aborto o la eutanasia, el sacerdote "se puede encontrar en la situación de que debe rechazar distribuir la Sagrada Comunión" a un católico que discrepe.

El portavoz recordó que, tal y como señalaba la declaración de la CEE de junio de este año sobre el proyecto de Ley de Aborto, los católicos que aprueben y den su voto al proyecto "no están excomulgados", pero sí en una "situación objetiva de pecado y, mientras dure esta situación, no podrán ser admitidos a la Sagrada Comunión". Agregó que se puede salir de dicha situación "confesándose y reparando públicamente el mal causado, si es que ha sido público el mal causado".

defensa de la legalidad En respuesta a Martínez Camino, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que el pecado "es un concepto que se sitúa en el ámbito de las creencias y no tiene ninguna cabida en el ordenamiento jurídico".

De la Vega reconoció a la Iglesia su derecho a opinar en los debates sociales -en este caso, el del aborto- pero apuntó que "es al Gobierno y a los parlamentos a quienes corresponde aprobar las leyes y desarrollar las políticas. "Y además el derecho a hacerlo sin injerencias de ningún tipo", añadió la número dos del Gobierno, al tiempo que afirmó que "los obispos saben muy bien que en democracia los poderes públicos y el Parlamento actúan con plena independencia de las confesiones religiosas".

Finalmente, la vicepresidenta defendió el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), de la que dijo que pretende dar más garantías a las mujeres y a los profesionales de la medicina.