Sanidad estudia medidas para evitar que los procesos judiciales retrasen la aplicación de la eutanasia

El Gobierno español estudia implementar medidas para evitar los retrasos en la aplicación de la eutanasia derivados de procesos judiciales, que pueden prolongar "innecesariamente" el sufrimiento de personas con una resolución favorable conforme a la ley.

Durante la clausura de la jornada 'Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia', la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la necesidad de seguir mejorando la ley, reduciendo las desigualdades territoriales, reforzando la formación de los profesionales, mejorando la información disponible para la ciudadanía y garantizando que este derecho pueda ejercerse en condiciones de equidad en todo el país. "En los últimos meses hemos asistido a debates que nos obligan también a reflexionar sobre cómo proteger este derecho frente a dilaciones, obstáculos y procesos de judicialización que pueden prolongar innecesariamente el sufrimiento de quienes ya han recibido una resolución favorable conforme a todas las garantías previstas en la ley", reconoce García.

Reforma de la ley

Precisamente, el Congreso inició la tramitación de la reforma de la ley de eutanasia que busca acelerar los plazos en este proceso. La iniciativa, impulsada desde el Parlament de Catalunya, fijaría un plazo máximo de 45 días para que resuelvan los tribunales. El objetivo es impedir que los procedimientos se prolonguen más allá de lo necesario y que la judicialización termine convirtiéndose en un obstáculo para la ejecución de un derecho reconocido por ley.

El texto defiende que estos procedimientos deben resolverse con la máxima rapidez posible y señala que no deberían dilatarse "más allá de lo estrictamente imprescindible", con el fin de evitar prolongar "de una manera innecesaria e inhumana el sufrimiento de la persona titular del derecho a recibir la prestación de la ayuda".

Discrepancias

Desde el Partido Popular critican que la normativa vigente carezca de un "consenso" con las "sociedades científicas", "las organizaciones médicas", "los profesionales de la salud", y los grupos políticos. En este sentido, consideran fundamental revisar la ley de eutanasia para reforzar las garantías existentes. Así lo expresó recientemente su presidente, Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición se comprometió además a elaborar una nueva redacción de la ley para “perfeccionar” la norma con “garantías” y que las personas tengan más información médica y más libertad a la hora de tomar "una decisión irreversible".

El líder de la oposición reconoció que hay que ser "respetuosos" con los casos en los que un paciente "no tiene ninguna capacidad" ni "posibilidades médicas" de "supervivencia" y está "en una situación límite" y con un "sufrimiento por encima del umbral" aceptable, pero ha recalcado que "no puede ser" que "sea más fácil provocar la muerte" que "mantener la vida".

El debate sobre la eutanasia entra así en una nueva fase centrada no tanto en el reconocimiento del derecho como en los mecanismos necesarios para garantizar que pueda ejercerse de forma efectiva y en plazos compatibles con la situación de los pacientes que solicitan la prestación.