La reforma legal impulsada por el PNV para reforzar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos para el acceso al empleo público en Euskadi ha superado su último escollo con la abstención de EH Bildu. El acuerdo entre ambas formaciones se ha cerrado este miércoles con el blindaje del euskera en las OPE o procesos selectivos que plantea medidas para superar la incertidumbre generada por varias sentencias judiciales que han tumbado los requisitos del euskera en determinados puestos de trabajo.
El acuerdo se ha producido tras semanas de negociaciones entre la formación jeltzale y la coalición abertzale, después de que el PSE-EE decidiera apearse del proceso negociador al entender que las propuestas sobre la mesa lesionaban los derechos laborales. El pacto se visualizará mañana en el pleno ordinario del Parlamento Vasco con el voto favorable del PNV y la abstención de EH Bildu, de modo que con los votos jeltzales serán suficientes para superar la suma de las papeletas contrarias de socialistas, PP, Sumar y Vox.
La iniciativa lleva un año en trámite en la Cámara de Gasteiz y durante este tiempo EH Bildu había presentado su propia propuesta, que ha decaído ante la falta de apoyos.
El acuerdo establece que en el caso de comprobarse que la reforma de la ley resulta insuficiente para alcanzar los objetivos fijados, se iniciará el proceso para elaborar una nueva propuesta que permita reforzar el marco jurídico e institucional propio del autogobierno vasco.
De este modo, realizarán un seguimiento compartido y una evaluación basada en criterios objetivos del despliegue, aplicación práctica, consecuencias jurídicas y eficacia real de la ley. Para ello se constituirá una comisión de seguimiento que comprobará si la modificación normativa contribuye realmente a reforzar la seguridad jurídica, garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y posibilitar una aplicación proporcionada, motivada y eficaz de la planificación lingüística en las administraciones públicas vascas.
Análisis jurídico
También se establece que, en caso de que, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos, se concluya que la modificación legal ahora posibilitada no dispone de suficiencia estructural para cumplir sus objetivos principales, se iniciará un análisis jurídico-político ordenado para elaborar una nueva propuesta que permita reforzar el marco jurídico e institucional propio del autogobierno vasco.
En la elaboración de dicha nueva propuesta se tomarían como base los modelos de otras comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, como Catalunya o Galicia, y se utilizarían como referencias de fondo la experiencia acumulada en Euskadi, el marco jurídico e institucional propio del autogobierno vasco, el Estatuto vigente, el marco normativo de la normalización del euskera, la realidad sociolingüística, la doctrina del Tribunal Constitucional y la evolución de la jurisprudencia, entre otras cuestiones.
El seguimiento no se plantea como un órgano formal, sino que será un espacio estable de intercambio entre partidos orientado a compartir información, detectar problemas y analizar la evolución de la aplicación legislativa, según consta en este pacto que firman representantes del PNV y de EH Bildu.
Comisión de seguimiento
Las reuniones serán cuatrimestrales y la comisión de seguimiento se constituirá dentro del primer mes a partir de mañana, cuando se aprueba la ley. Habrá una evaluación global que se llevará a cabo a partir del segundo año de su creación.
Transcurridos tres años se hará otra evaluación sobre el grado de cumplimiento de la reforma y las dificultades detectadas.
Termina así la tramitación parlamentaria con sus idas y venidas, en la que el PNV arrancó la negociación con la intención de ir de la mano de su socio en el Gobierno Vasco, el PSE, pero los socialistas se desmarcaron al considerar que la propuesta de los jeltzales iba demasiado lejos. A partir de ahí, el PNV miró hacia EH Bildu, al que llegó a pedir una abstención que finalmente ha permitido que la iniciativa salga adelante.
El objetivo del PNV con esta propuesta es seguir desarrollando el actual sistema de euskaldunización de la administración, garantizando al mismo tiempo su seguridad jurídica. La iniciativa busca mejorar una ley para continuar con el proceso de normalización de Euskadi y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad jurídica a las miles de personas que participan en los procesos de empleo público.
