Eran las 17:51 horas de la tarde cuando Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, franqueaba de nuevo las puertas de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Lo hacía, como ya es habitual, a través del garaje de la sede judicial por estrictos motivos de seguridad, esquivando de esta forma el foco mediático directo. Esta sexta visita no era una citación más de trámite; marcaba el punto de inflexión definitivo del proceso. Su misión presencial consistía en entregar su pasaporte y acatar las medidas cautelares dictadas por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien además aprovechó la cita para notificarle formalmente la apertura de juicio oral contra ella ante un jurado popular.
El trámite judicial se ejecutó con celeridad pasmosa. En apenas diecisiete minutos, Gómez formalizó la entrega de su documento ante el letrado de la administración de Justicia. A las 18:08 horas, el vehículo que la transportaba abandonaba el recinto subterráneo. Atrás dejaba la confirmación de que será juzgada por cuatro delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación. A su salida, el abogado de la defensa, el exministro Antonio Camacho, eludió hacer valoraciones profundas y se limitó a señalar a la prensa que todo había ido "bien".
Mientras en el interior primaba la burocracia, en el exterior la escena adquiría un tono reivindicativo. Miembros de Hazte Oír, organización que ejerce la acusación popular y que solicitó las medidas ahora en vigor, protestaban frente a la puerta principal exhibiendo un pasaporte gigante simulado a nombre de Gómez. El cartel lucía la palabra "retirado" y mostraba estampados visados ficticios de países como la República Democrática del Congo, Rusia y la República Dominicana.
La retirada del pasaporte es solo una parte de las medidas que el juez Peinado impuso mediante auto el pasado sábado. Gómez también tiene prohibido salir del territorio español y deberá afrontar comparecencias quincenales en el juzgado. Este severo corsé cautelar recae igualmente sobre su asesora, Cristina Álvarez, quien ya entregó su documento de viaje el martes. Las defensas de ambas han recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, tildando las restricciones de desproporcionadas y rechazando de plano que exista el riesgo de fuga que sostiene el instructor.
Choque institucional
Precisamente, la justificación de ese riesgo ha provocado un choque institucional sin precedentes. En su escrito, el juez adujo que los escoltas de Gómez, miembros de la Policía Nacional, podrían llegar a colaborar en su huida. Esta afirmación desató de inmediato el rechazo frontal de los sindicatos policiales y la "más enérgica queja" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo que ha motivado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordene investigar si Peinado ha incurrido en una falta disciplinaria grave.
Con este trámite se cierra el último capítulo de una compleja investigación iniciada en abril de 2024. El caso, ya cerrado por el magistrado, queda a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos de las defensas y de la Fiscalía.
El Ministerio Público se ha opuesto desde el primer momento a la causa al no apreciar delito alguno, y rechaza frontalmente la apertura de este juicio. El tribunal dirimirá ahora si existieron irregularidades en torno a la cátedra de la Universidad Complutense (UCM), el patrocinio del 'software', la supuesta influencia a favor del empresario Juan Carlos Barrabés —también procesado— en contratos públicos, y el uso de su asesora pagada con fondos del Estado.
