Las personas que tengan el carné del PNV o sean cargos públicos designados por el partido jeltzale tienen a su disposición un protocolo para interponer denuncias internas ante eventuales casos de violencia machista y odio, un protocolo que intenta que el camino esté claro y pautado, que sea llevadero para unas víctimas que ya de por sí se encontrarían en una situación traumática y que, por ejemplo, según el texto aprobado, contempla una toma de decisiones rápida. El protocolo de 37 páginas, al que ha tenido acceso Grupo Noticias, recoge un modelo de denuncia y una guía básica que evita en todo momento el lenguaje farragoso para dejar claro el camino a las personas que interpongan esa queja, y se contempla un plazo de 40 días hábiles como máximo para que todo este proceso termine con una decisión del Tribunal Nacional del PNV y se la comunique a la víctima; una decisión que puede consistir en remitir el caso al Ministerio Fiscal o la autoridad judicial competente si aprecia indicios de delito; imponer sanciones internas previstas en la normativa disciplinaria, como la suspensión de militancia, la pérdida de responsabilidades o la baja forzosa; o archivar el expediente. Además, recoge campañas de prevención para difundir el contenido de este protocolo, y cursos formativos para los denunciados en caso de que el expediente no se resuelva con su baja forzosa.
Este protocolo lo ha propuesto el Euzkadi Buru Batzar presidido por Aitor Esteban, y la Asamblea Nacional lo ha aprobado esta semana. El procedimiento intenta ser "claro, rápido, accesible y confidencial". El documento comienza con un marco general que explica qué se entiende por acoso sexual (contacto físico indeseado, llamadas telefónicas o envío de mensajes de carácter sexual, amenazar con represalias tras negarse a acceder a una petición sexual, reiteración de gestos obscenos, pedir de manera insistente una cita cuando ya se ha expresado una negativa, observar de manera clandestina en lugares reservados como los baños...), acoso por razón de sexo o identidad (discriminación por embarazo o maternidad, ignorar las aportaciones de una persona por su orientación sexual u origen étnico, asignar responsabilidades inferiores a las capacidades de esa persona...) y la violencia por motivos de odio (burlas a un colectivo determinado, poner trabas a la participación de personas LGTBIQ+ o migrantes, vandalizar sus espacios de culto o de socialización, llevar tatuajes o vestimenta asociada a ideologías de odio...). Este protocolo es consecuencia del mandato que formalizó la asamblea jeltzale en la aprobación de los estatutos nacionales del partido, y es también un empeño personal del nuevo EBB para otorgar una mayor centralidad a una cuestión con la que la sociedad está cada vez más sensibilizada.
¿Cómo hay que presentar una denuncia y cuáles son los plazos?
Para interponer una denuncia, la persona afectada puede llamar personalmente a la puerta de la Comisión Nacional de Garantías y Control e identificarse o, si lo prefiere, lo puede hacer a través de una tercera persona de su confianza. También puede acudir quien haya sido testigo de un abuso. No podrán intervenir en el procedimiento de la Comisión las personas que estén involucradas en los hechos o en algún procedimiento previo, que tengan alguna relación de parentesco hasta tercer grado, una amistad o enemistad manifiesta hacia cualquiera de las partes implicadas, o encontrarse en una situación de superioridad jerárquica o subordinación.
Una vez recibida la comunicación, la Comisión tendrá que decidir si la denuncia es verosímil o no en un plazo que no podrá superar los cinco días hábiles. En dos días hábiles, debería enviar esa respuesta a la persona que denuncia. Podría ser que, dentro de esos cinco días, la decisión que se tome sea enviar directamente el caso a la justicia.
Ahora bien, este primer paso sería simplemente la puerta de entrada, es decir, la denuncia pasaría a ser formal y se abriría un expediente interno con un nombre en clave, con códigos compuestos por números y letras para preservar el anonimato, y comenzaría la recopilación de información en el PNV. Esa fase tendría que terminar en 20 días hábiles ampliables a cinco más de manera excepcional. Dentro de ese plazo, en 7 días desde la formalización de la denuncia, la Comisión se reuniría tanto con la persona que denuncia como con la denunciada. Podrían establecerse medidas cautelares como la prohibición de acercarse o comunicarse, suspender temporalmente ciertas funciones y evitar que las personas implicadas coincidan. Además, el PNV evitará que se crucen físicamente cuando tenga que recoger sus testimonios. Se hará "con la suficiente distancia temporal".
Como se ha mencionado ya, en 20 o 25 días, la Comisión tendrá que redactar un informe proponiendo las medidas que se pueden aplicar. El informe se enviará al Tribunal Nacional "de forma inmediata" para que, a su vez, en un plazo de 10 días comunique el resultado final de la investigación. Entre las medidas que puede adoptar, se mencionan "la imposición de sanción" (baja forzosa, retirada de cargos...), envío al Ministerio Fiscal, o archivo del expediente. El protocolo realiza aquí dos matizaciones relevantes: que el caso acabe en la Fiscalía o un tribunal no desactiva las medidas internas, es decir, es compatible continuar con la adopción de medidas disciplinarias; y, al mismo tiempo, si una persona denuncia por el procedimiento interno, no quiere decir que renuncie a sus derechos ante los tribunales ordinarios. En cuanto a la persona denunciada, si la sanción que se aplica es distinta a la baja forzosa, "quedará obligada a asistir a un curso formativo". Estos plazos (5 días para admitir o no la denuncia, 20 o 25 para que la Comisión redacte el informe, y 10 para que el Tribunal tome una decisión) se cuentan en días hábiles, es decir, de lunes a viernes, sin festivos ni fines de semana.
Campañas y cursos
El documento recoge el catálogo de medidas de prevención. Por un lado, el PNV anuncia una "campaña informativa y de sensibilización" para dar a conocer este protocolo a través de su página web, las organizaciones territoriales o el canal de whatsapp. Por otro lado, "se garantizará una política informativa y formativa" en materia de igualdad en todos los niveles. La formación se actualizará, al menos, una vez al año, e incluirá como mínimo "la identificación de las conductas constitutivas de violencia", los efectos que producen en la salud de las víctimas, los efectos negativos que provocan al propio PNV, y el régimen disciplinario que se les puede aplicar. El procedimiento toma como base los criterios del Gobierno Vasco y el decreto legislativo 1/2023, y quiere aplicarse, por ejemplo, el principio de celeridad ("es necesario que el proceso se realice de forma urgente, con diligencia y celeridad"), el principio de confidencialidad, la prohibición de represalias contra las personas que denuncien y contra quienes las apoyen (cualquier medida será nula), y el acompañamiento a las víctimas con asesoramiento si lo desean. Se recoge también que la presentación "deliberada" de denuncias falsas será castigada como una falta muy grave, pero se hará "con cautela", para no desincentivar la presentación de denuncias de buena fe.
