El Congreso aprueba el decreto de ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida

El decreto ha sido convalidado con 349 votos a favor y uno en contra por error de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tras un debate en el que todos los grupos parlamentarios han dado muestras de respeto, pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias.

Dimisión de Puente

No obstante, mientras que los grupos más cercanos al Gobierno han pedido celeridad en la investigación de las causas, la oposición ha vuelto a reclamar la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La norma establece que los familiares de los (47) fallecidos recibirán, en un plazo inferior a tres meses, un total de 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros son de ayuda directa del Estado, exenta de IRPF y no reembolsable, otros 72.000 de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más del seguro obligatorio.

Por su parte, los heridos (164) se clasifican en catorce categorías, según la gravedad de las lesiones, con ayudas directas que van desde los 2.404 a los 84.141 euros y que también se triplican con anticipos y seguros, hasta alcanzar los 252.000 euros en los casos más graves.

Hasta el 4 de mayo

El decreto-ley lo ha defendido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha subrayado que el objetivo del Gobierno es "otorgar rápidamente las ayudas", que se pueden solicitar hasta el 4 de mayo.

El ministro también ha manifestado el compromiso del Gobierno con la investigación, la transparencia informativa y la adopción de medias correctoras "cuando proceda".

Asimismo ha resaltado que la norma procura también "simplificar al máximo los trámites", de forma que, si las víctimas lo solicitan, la Administración recabará la información para presentar la solicitud de las ayudas, con el fin de evitarles que tengan que aportar documentos que ya obran en poder del sector público.

El diputado del PP Bartolomé Madrid ha dicho que el "sí" de su grupo es un "sí a favor de las víctimas" y un "no al olvido, que no es una opción en democracia", como ha su juicio demuestra la comisión de seguimiento anunciada por el presidente andaluz Juanma Moreno.

Depurar responsabilidades

 El representante 'popular' ha insistido en la "necesidad de saber lo ocurrido para depurar responsabilidades" y ha dicho que España "no se merece a un ministro tuitero y faltón" como Óscar Puente, que no ha asistido al debate por un "tema personal", según fuentes de su departamento.

También la diputada de Vox Carina Mejías ha arremetido contra Puente, al que ha acusado de mentir y de no "dar la cara" ante el pleno y las víctimas, y quien debe -ha remarcado- dejar su cargo".

Grupos como ERC y Podemos han aprovechado su intervención para pedir al Ejecutivo que ponga fin a externalizaciones y "privatizaciones encubiertas" en un servicio esencial como el ferrocarril.

Exenciones fiscales

Por su parte, el PNV ha exigido que "se aclare el alcance de las exenciones fiscales para que las familias no tengan que litigar con Hacienda" y que la Administración actúe "con la máxima diligencia para que ningún expediente sufra retrasos". "No deben cumplir los plazos, deben batirlos", ha reclamado.

En nombre de Junts, el diputado Isidre Gavin ha llamado a "no utilizar el drama ni a las víctimas cuando se formulan posiciones políticas" y a que el Gobierno haga un "traspaso integral como Dios manda" a Catalunya de sus Rodalies.

Mikel Otero (Bildu) ha apuntado que, a su juicio, el accidente de Adamuz fue el resultado de "algo más profundo" que un hecho puntual y fortuito y que ha vinculado con la "escasa financiación".

Desde Sumar, Felíx Alonso ha asegurado que el Gobierno hará una "reevaluación de la política ferroviaria con una mirada amplia", una vez que se conozcan las causas del accidente de Adamuz.