El pleno del Congreso, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, ha derogado por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social, como la prohibición de cortar los suministros básicos.
El decreto -que ha sido rechazado por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN)- incluye también otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.
Otras de las medidas que quedan sin efecto con la derogación de este decreto son la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, la eliminación de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales.
Rechazo a topar precios en emergencias
El pleno del Congreso ha rechazado, con los votos de PP, VOX y Junts, el decreto ley para topar los precios de productos y servicios esenciales en situaciones de emergencia, una norma que pretendía que ninguna empresa pueda "hacer caja a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía".
El decreto fue aprobado el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros para evitar subidas abusivas para los consumidores, como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que provocó un aumento de precios en las aerolíneas.
Resultados de la votación
El decreto ley contó con 177 votos en contra, los de PP, VOX y Junts; 172 a favor, los de PSOE, Sumar y los socios habituales del Gobierno; y la única abstención de UPN.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, lamentó que con la oposición a esta medida "se estarían avalando prácticas abusivas e indefendibles y protegiendo a quienes buscan lucrarse sin escrúpulos", y aclaró que no afecta a pequeños comerciantes, sino a algunas plataformas multinacionales que han subido los precios "de manera completamente impune" en situaciones de emergencia.
Argumentos de los partidos contrarios
El PP votó en contra porque, según su diputada María Pilar Alía, el decreto da "vía libre al Gobierno para fijar precios en cualquier momento" y el campo de acción "es muy amplio", lo que resulta inquietante.
Vox consideró que la norma "vulnera la libertad de empresa" y "demoniza a sectores enteros de nuestra economía", rechazando además que los precios subieran tras el accidente, y calificó el relato del ministro como "lacrimógeno" y "el enésimo bulo". Junts defendió que intervenir el mercado es "abusivo" y "temerario", acusando al Gobierno de "falta de ética" y de "menospreciar a otras fuerzas políticas".
Defensa de los socios del Gobierno
Por su parte, los socios habituales del Gobierno defendieron la medida. La diputada de PNV, Idoia Sagastizabal, afirmó que la norma "no acusa a ningún sector" ni obliga a vender a pérdidas, sino que pretende "aportar seguridad a la ciudadanía".
ERC insistió en que "el Estado no puede ser un simple espectador cuando el mercado aprovecha las tragedias para lucrarse de forma abusiva" y pidió al Gobierno actuar "con más valentía". Bildu destacó que se trata de una medida "de protección social y no ideológica", criticando que querer "multiplicar beneficios" en emergencias es "ruin, mezquino y miserable".
Coalición Canaria, BNG y Podemos también defendieron la intervención del Estado en estas situaciones, poniendo ejemplos de subidas desorbitadas de precios durante la erupción del volcán de La Palma o incendios en Galicia, y reclamando protección frente a especuladores.
