La elección por el Gobierno de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado ha supuesto el paso fundacional del proceso que la llevará previsiblemente a ser nombrada de manera oficial, una vez se pronuncie el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo informe no es vinculante, y sea examinada por la Comisión de Justicia del Congreso, que tampoco tiene capacidad de anular la designación.
Fiscal con 35 años de carrera de la que el Ejecutivo destaca sobre todo su experiencia en la lucha contra la violencia de género y su carácter progresista, Peramato ha sido elegida para liderar la Fiscalía un día después de que Álvaro García Ortiz renunciara tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo (TS) por revelar secretos de Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, adelantó la semana pasada, tras conocerse el fallo de la sentencia del Supremo, que el próximo jefe del Ministerio Público sería "una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función".
Así lo fija, de hecho, el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF): "El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión".
El texto legal establece que "no podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico".
Este apartado formó parte del acuerdo que el PSOE y el PP suscribieron en junio de 2024 cuando renovaron el CGPJ, ante la polémica que desató que el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2020 nombrara a Dolores Delgado jefa del Ministerio Público un mes después de su salida del Ministerio de Justicia.
Según el Estatuto, tampoco podrá ser propuesto para fiscal general "quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma".
Desde el PP han exigido, tras la renuncia de García Ortiz, que quien le sustituya como fiscal general cuente con el aval del CGPJ y que sea un jurista de "reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión", en vez de los 15 años fijados actualmente.
Pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tachado de "ocurrencias" las condiciones planteadas por el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo. Y Bolaños ha defendido que el Gobierno lo que va a hacer con el proceso para nombrar a Peramato "es cumplir la ley y no inventarse requisitos que no aparecen" en ella.
EL INFORME NO VINCULANTE DEL CGPJ
Este martes, tras anunciar el nombre de Peramato, el ministro de Justicia ha querido precisar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "hoy no se produce el nombramiento".
Bolaños ha recordado que antes de formalizarlo tiene que haber un informe del CGPJ que valore su idoneidad para el cargo y en el que determine "si existe alguna causa de inelegibilidad o si cumple los requisitos legales" --que sea un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia--.
Cabe recordar que el anterior CGPJ --de mayoría conservadora-- declaró "no idóneo" al todavía fiscal general, García Ortiz, para continuar en el cargo, en el marco del proceso para su renovación, que se consumó el 27 de diciembre de 2023, siendo esa la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces rechazaba al candidato propuesto por el Gobierno.
Esta vez, se espera que el Consejo emita un informe favorable a la designación de Peramato en el Pleno extraordinario que celebrará este miércoles desde las 12.00 con este fin, según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.
COMPARECENCIA ANTE EL CONGRESO
Una vez que haya recibido el informe del CGPJ, el Gobierno podrá comunicar su propuesta al Congreso de los Diputados, que solo entonces fijará la comparecencia de la persona elegida ante la comisión correspondiente para valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.
Cuando el Ejecutivo nombre al nuevo fiscal general del Estado, éste prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
El propio Estatuto Fiscal determina que el mandato del jefe del Ministerio Público tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho periodo únicamente podrá cesar por cinco motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto. El mandato del fiscal general no podrá ser renovado, excepto en el caso de que hubiese estado en el cargo durante un periodo inferior a dos años.
