Desde la absolución que reclaman la defensa y la Fiscalía hasta los seis años de prisión y 12 de inhabilitación que pide una de las siete acusaciones en la causa. Ese es el horizonte que encara a partir del lunes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el juicio que arranca en el Tribunal Supremo.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, van de la mano en su petición de absolución mientras que la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, novio de Isabel Diaz Ayuso, y las seis de la acción popular solicitan condenas de prisión, inhabilitación, suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, por los delitos de presunta revelación de secretos, prevaricación y subsidiariamente por infidelidad en la custodia de documentos.

Este es el escenario que encara el fiscal general:

LA FISCALÍA

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, acompañada por el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, solicita la "libre absolución" de Álvaro García Ortiz, al sostener que los hechos "no son constitutivos de delito alguno".

La número dos del Ministerio Público subraya que "ninguna intervención puede atribuirse" a García Ortiz en la divulgación de los correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador sobre el caso de fraude fiscal contra el novio de Ayuso, y señala que la información contenida en los mismos ya era conocida por otras personas antes que el fiscal general.

LA DEFENSA

La Abogacía del Estado, representada por José Ignacio Ocio y Consuelo Castro -quien fue abogada general del Estado-, reclama la absolución porque entiende que "los hechos atribuidos no constituyen ilícito penal alguno" ante lo que considera "operación perfectamente orquestada" desde la Comunidad de Madrid para presentar al novio de la presidenta madrileña como "víctima de una operación política".

García Ortiz actuó en el "legítimo ejercicio de sus competencias como fiscal general para evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía" y sus miembros, "cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación".

LA ACUSACIÓN PARTICULAR

González Amador pide cuatro años de prisión, 108.000 euros de multa, tres años de suspensión de empleo público así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general al acusarle de filtrar datos "confidenciales" de su caso de fraude fiscal, para construir "un relato político lesivo".

Además, solicita una indemnización de 300.000 euros por los "padecimientos personales, profesionales, empresariales, familiares y lesiones procesales irreversibles, sin que exista un día desde el 14 de marzo de 2024 en que algún personaje político o periodístico no denomine a través de los medios de comunicación como delincuente o defraudador confeso a González Amador".

LAS ACUSACIONES POPULARES

Son seis: El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oir, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es la que insta a una mayor condena de seis años de cárcel y 12 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de revelación de secretos.

Las otras cinco acusaciones solicitan cuatro años de prisión y tres años de suspensión para cargo público, inhabilitación especial para el cargo de jefe del Ministerio Público, pero varían en las multas que oscilan entre los 81.000 euros que pide el Colegio de la Abogacía de Madrid, que fue la que dio origen a la querella junto a González Amador, y los 216.000 euros que reclama Manos Limpias.