La propuesta del PNV que blinda el euskera en las OPE sigue adelante

EH Bildu ha hecho posible con su apoyo que siga adelante la tramitación de la proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Empleo Público y que sea cada administración pública la que decida el nivel de exigencia de euskera en sus respectivas ofertas públicas de empleo con el fin de evitar recursos ante los tribunales.

Los jeltzales han presentado en solitario, sin la firma de su socio de gobierno, esta propuesta legal, que como era de esperar ha sido rechazada por los socialistas vascos.

Así, el PNV ha logrado que se tome en consideración esta proposición de ley gracias al respaldo de la coalición abertzale. PP y Vox han votado en contra de la propuesta, mientras que el único parlamentario de Sumar se ha abstenido.

Con esta reforma legal PNV y EH Bildu quieren blindar el euskera en las ofertas públicas de empleo como respuesta a las sentencias que en los últimos meses han cuestionado la exigencia de esta lengua en estos procesos de selección.

El Parlamento creará ahora una ponencia en la que se debatirán las distintas enmiendas que pueden presentar los grupos a esta iniciativa que, en principio, plantea la reforma de la Ley de Empleo Público para que sea cada institución la que fije el porcentaje de plazas con el euskera obligatorio.

Acabar con la incertidumbre

Desde el PNV, Markel Olano ha defendido que esta modificación quiere acabar con la "incertidumbre" generada por esta sentencias y por la interpretación que en ellas se hace del índice común actual a todas las administraciones para fijar plazas con fechas de perceptividad para la acreditación del euskera.

Por ello, ha insistido en que debe ser cada institución la que fije su propia planificación y ha dejado claro que no rechazan los índices de obligado cumplimiento, sino que debe ser cada administración la que los decida con criterios de proporcionalidad.

El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano ha considerado que lo lógico hubiese sido presentar una iniciativa conjunta con el PNV, en lugar de dos propuestas legales, en referencia a la que ha registrado EH Bildu, que se debate también esta mañana y que previsiblemente será rechazada.

Ha criticado la postura del PSE-EE al asegurar que es distinta a la que tiene este partido en Catalunya, Baleares y Valencia, e idéntica a la que tienen en esas autonomías PP y Vox, al tiempo que ha dejado claro que a lo largo de la tramitación espera que se logren acuerdos también con socialistas y Sumar.

"No es un debate entre abertzales y no abertzales, sino entre los demócratas y los que tienen un problema con los derechos para todas las personas", ha indicado.

El PSE augura más inestabilidad

El socialista Pau Blasi ha asegurado que la iniciativa elimina los índices de obligado cumplimiento, no supone seguridad jurídica, y genera "más estabilidad y más dudas". "Por este camino vamos mal. Había otras fórmulas y mecanismos, pero el PNV ha preferido salir rápido y mal para que Bildu no se le adelantase", ha lamentado.

Ha insistido en que si sale adelante la reforma legal puede conllevar más recursos y en que "se han roto consensos y se ha colocado a la administración en un estado de debilidad", por lo que ha pedido al PNV que "sea sensato" y "no abra melones que después no se puedan cerrar".

Por su parte, el representante del PP Santiago López ha asegurado que la futura modificación legal es la "culminación de una política lingüística impuesta" y "totalmente alejada de la realidad".

"Destruyeron la educación, la sanidad, la industria, el empleo y ahora también quieren destruir la administración. Buscan sacar el castellano de la administración", ha acusado.

Jon Hernández (Sumar) también ha opinado que la propuesta deroga los índices de obligado cumplimiento para sustituirlos por la "desregulada voluntad de cada administración". Por último, Amaia Martínez (Vox) ha opinado que "difícilmente" se va a convertir la política lingüística en "un asunto pacífico cuando la propuesta nace dividida entre los socios de gobierno".