El juez Juan Carlos Peinado ha acordado archivar la investigación contra la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit González, tras su primera comparecencia como investigada por la contratación y el desempeño de las funciones de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juez ha adoptado esta decisión después de que González declarara para desmarcarse de las acusaciones en su contra; todo ello después de que le informara de la causa y le trasladara los hechos que se le imputaban, que serían constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.

Peinado indicó el pasado 4 de noviembre que citaba a González como investigada al considerar que pudo haber cometido un delito de malversación, "en la modalidad de comisión por omisión", al no evitar que Álvarez realizase labores de carácter privado para Begoña Gómez.

Este domingo, González ha contestado a las preguntas del juez, de su abogado y del resto de defensas, aunque solo le ha preguntado el abogado de Álvarez. Según las fuentes consultadas, ha explicado sus funciones y ha precisado que la asesora de Begoña Gómez no depende directamente de ella.

Así las cosas, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha acordado levantar la imputación de González al considerar que su cargo en Presidencia no guarda relación con los hechos que se investigan.

Cabe recordar que le citó por una de las ramas de esta causa en la que se indaga en si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora de Moncloa y si ésta desempeñaba funciones privadas para Gómez en el marco de sus labores en la Universidad Complutense de Madrid.

González era la quinta persona investigada en este procedimiento, junto a Gómez, Álvarez, Francisco Martín Aguirre —que fue secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, cuando González asumió ese puesto—, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La alto cargo de Moncloa estaba citada inicialmente a declarar el pasado 12 de noviembre, pero el instructor cambió la declaración para este domingo por incompatibilidad de agenda de uno de los abogados.

Las fuentes jurídicas consultadas han precisado que Peinado cambió la guardia al titular del Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid, por lo que la vista de este domingo se ha celebrado en la sala de vistas de este órgano, en la planta quinta de los Juzgados de Plaza de Castilla.

TRES TESTIGOS

Al margen de la comparecencia de González, este domingo estaban citados a declarar de nuevo como testigos el presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego de Alcázar; el responsable institucional y políticas públicas de Google, Miguel Escassi; y el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio.

De Alcázar, que ha contestado a las preguntas de la acusación popular que lidera Hazte Oír, ha insistido en que desde el IE no intercambiaron ningún correo electrónico con la asesora de Begoña Gómez mientras la esposa del presidente dirigía el África Center, dependiente del IE.

Según las fuentes consultadas, el testigo ha ratificado lo que ya declaró hace un año ante el juez, cuando explicó que se había contratado a Begoña Gómez porque tenía un currículum adecuado para el cargo. Este domingo, la acusación popular ha intentado preguntarle de nuevo por este extremo, pero el juez ha interrumpido el interrogatorio para recordar que esto ya estaba aclarado.

También ha comparecido el directivo de Google, a petición de Hazte Oír, por "su conocimiento de la cátedra" que codirigía Gómez en la UCM y "por su conocimiento directo del tejido de relaciones para obtener financiación a la hora de desarrollar el software".

Según las fuentes jurídicas consultadas, Escassi ha manifestado que nunca llegó a tratar directamente con la asesora de Begoña Gómez. Por su parte, fuentes cercanas a la compañía han incidido en que su colaboración con la plataforma ‘Transforma TSC’ de la Complutense formaba parte de sus "continuos esfuerzos para apoyar la transformación digital de España", donde cuentan con 150 proyectos con universidades e instituciones en los últimos cinco años.

En el caso de Doadrio, éste ha apuntado que sí llegó a conocer a Cristina Álvarez cuando firmaron el convenio de la cátedra y que incluso comió un par de veces con ella y Gómez en el marco de la cátedra. También ha explicado que se enteró por la prensa de que no se había inscrito el software en la OTRI de la Complutense, según fuentes jurídicas. Además, se ha ratificado en lo que declaró hace más de un año: que no tenía competencias sobre las facturas de la cátedra de Gómez, incluidos los pagos derivados del software. Según señalaron fuentes jurídicas, entonces aseguró que recibió la orden del rector de que se tenía que hacer una cátedra a Begoña Gómez.