Patronales, sindicatos, expertos, plataformas ciudadanas y representantes institucionales plantearán sus aportaciones a la Proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda el próximo mes de septiembre en el Parlamento Vasco, en el reinicio de la actividad ordinaria de la Cámara autonómica.
Estos agentes realizarán sus propuestas a la proposición de ley registrada por el PNV y el PSE-EE a través de un intenso programa de comparecencias ante la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana.
La primera sesión de comparecencias se celebrará el 8 de septiembre, cuando está previsto que acudan a la comisión el sindicato ELA, la Plataforma Stop Desahucios, CCOO, Kolektibo 47 etxebizitza denontzat, así como dos especialistas en urbanismo y vivienda.
Un día después comparecerán ante la comisión un abogado urbanista, Argilan-ESK, un arquitecto y una representación de EGK-Consejo de la Juventud de Euskadi.
Para el 10 de septiembre se han programado las comparecencias de las patronales de la construcción de los tres territorios históricos, Eudel, LAB, un arquitecto y el director de Planificación Territorial.
AGILIZAR LA TRAMITACIÓN
La proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo fue registrada el 3 de junio en el Parlamento Vasco por el PNV y el PSE-EE. Este texto, actualmente en fase de tramitación en la Cámara, pretende flexibilizar la normativa y agilizar la tramitación para impulsar la construcción de vivienda.
La iniciativa, que incluye medidas como la reducción de la reserva para la vivienda de protección pública del 75% al 60%, tiene entre sus objetivos "desbloquear" la construcción de pisos.
En ella se constata que Euskadi dispone de suelo calificado capaz de albergar más de 160.0000 viviendas, 75.000 de ellas protegidas, "que no se moviliza por condiciones urbanísticas, económicas y ambientales", de forma que se trata de "recursos que no cumplen su función social y que es necesario movilizar en un contexto de cambios demográficos y económicos acelerados".
Con ese fin, la Ley posibilitaría reducir la reserva para la vivienda de protección pública del 75% al 60%, con un mínimo del 55% de vivienda de protección social y el resto 5% en vivienda de protección tasada.
En el caso de aplicarse el 10% de incremento de la edificabilidad urbanística que se permite en las actuaciones prioritarias, este aumento se destinará en su totalidad a la construcción de vivienda de protección pública, manteniendo el porcentaje mínimo del 55% para la vivienda de protección social; y el resto de ese incremento, para vivienda de protección tasada.
Además, se establecen medidas para flexibilizar la implantación de nuevos alojamientos dotacionales en suelos equipamentales y en edificios existentes, y se recoge un régimen sancionador vinculado a los incumplimientos derivados de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.
De esa forma, se contempla la posibilidad de localizar los alojamientos dotacionales en suelos que el planeamiento califique de equipamiento, sin necesidad de la modificación de su calificación atendiendo a su carácter dotacional y siempre que se justifique la innecesariedad del equipamiento inicialmente calificado.
Con la norma, PNV y PSE-EE pretenden ampliar la oferta de vivienda, tanto protegida como de precio libre, a un precio "más asequible". Para ello, se contemplan medidas para movilizar suelo, como la creación de una reserva estratégica o la flexibilización de los porcentajes que pueden destinar los ayuntamientos a los distintos tipos de vivienda que se vayan a construir.
Por otra parte, se aligeran los procedimientos administrativos para "construir más y más rápido", con plazos más cortos que permitirían ganar hasta ocho meses en su tramitación.
