El lehendakari no quiere presentar a Euskadi como una comunidad molesta por los acuerdos que ha podido arrancar Junts al Gobierno español ni agita explícitamente la idea del agravio comparativo. Sánchez ha decidido delegar las competencias migratorias a Catalunya, y el Estado garantiza el descuento del 30% para el uso del transporte público con independencia de que el territorio aporte o no el 20% restante. El acuerdo dejó exultante a Junts, aunque el Gobierno español ya ha comenzado a diluirlo matizando que está dispuesto a extenderlo a otras comunidades. En medio del deslumbramiento del PSOE con Junts y de los ejercicios de seducción a Catalunya para poder superar las votaciones, Urkullu se limita a recordar (pero de manera muy elocuente) que él mismo como lehendakari ya pidió la transferencia de políticas migratorias al entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una reunión el 14 de octubre de 2022 en Ajuria Enea, donde le solicitó en concreto gestionar las autorizaciones iniciales de trabajo para los migrantes. Y recuerda que Sánchez firmó un pacto con el PNV que hizo posible su investidura y que lo obliga a ceder en febrero a las instituciones vascas la acogida de los refugiados y sus itinerarios de inclusión.
Como si tomara nota, unas horas después, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, puntualizó que su gobierno tiene “otros acuerdos territoriales, por ejemplo, con el PNV, para que en el periodo de tres meses se produzcan otros avances en los títulos homologados de educación universitaria, también en materia de transporte, e incluso, también, en la integración y la acogida, que tiene que ver con la inmigración”, admitió. Aseguró que está “cumpliendo con los plazos” y es su “voluntad” hacer esos “primeros traspasos en competencias delegadas”. De esta forma superó el desconcierto que había creado la vicepresidenta María Jesús Montero, quien había asegurado en La Sexta que ninguna comunidad ha pedido estas materias. Preguntada por si se va a extender a más comunidades, tras un visible titubeo, Montero había lanzado: “Nadie lo ha pedido. Es una política suficientemente compleja”.
“Ha de plasmarse ya”, había avisado el lehendakari, para añadir que las competencias migratorias están en el Estatuto de Gernika y, como tales, han de ser “cumplimentadas”. No hay un título reservado a la transferencia de migración, pero sí hay varios artículos sectoriales y transversales en el Estatuto que afectan a estas materias y reservan para Euskadi diferentes labores de asistencia social e inclusión. Esto es lo que se pide para Euskadi, y lo que se negocia ahora mismo, en teoría para febrero, son las labores de segunda acogida de solicitantes de protección internacional, con sus itinerarios de inclusión y de tipo formativo. Es decir, es solo una parte del total de las políticas migratorias. Lo que se ha pactado para Catalunya no lo llega a concretar el Gobierno español, ya que lo deja al albur de una Ley Orgánica que tendrá que aprobar el Congreso y para la cual tendrá que reunir una mayoría absoluta. Lo puede hacer con sus socios de investidura, como el propio PNV, si es que no mira al PP por su poder autonómico. La suma de Junts y el PP, en todo caso, es ahora difícil de imaginar.
El lehendakari dejó su recado en unas declaraciones desde Madrid, donde se encontraba de viaje oficial para mantener una reunión con embajador de Japón. Sus declaraciones recuerdan a Sánchez que tiene una deuda aún pendiente de saldar con Euskadi, que para más señas lleva desde la pasada legislatura tratando sin éxito de que se cumpla el calendario de transferencias prometido por el propio Consejo de Ministros. Además, aunque sus palabras no eran una respuesta directa a la vicepresidenta María Jesús Montero, las pronunció casi al mismo tiempo en que la socialista decía que ninguna comunidad autónoma ha pedido esta transferencia.
El Gobierno español ha dejado en una nebulosa el alcance real del acuerdo con Junts y evita concretar si Catalunya podrá decidir la expulsión de personas migrantes. Sus ministros matizan que no se va a negociar una transferencia, sino una delegación de competencias, lo que significa que la competencia seguirá en manos del Estado y que Catalunya podrá desarrollar desde sus instituciones aquellos aspectos que se recojan en la Ley Orgánica que se apruebe. Se delega la competencia con el mecanismo que prevé el artículo 150.2 de la Constitución. Históricamente han sido materias reservadas al Estado las aduanas (más aún en territorios fronterizos con otros estados como Catalunya y Euskadi, que bordean con Francia) y la unidad territorial.
El lehendakari pide estabilidad y seguridad jurídica
El lehendakari respondió a los medios de comunicación, que le pidieron su opinión sobre la trepidante votación de los decretos en las Cortes (que además se saldó con la caída del decreto que incluía la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales), y le preguntaron si tiene la sensación de que el Gobierno español inclina más la balanza hacia Catalunya que hacia Euskadi. Sobre la sesión, la vivió “con preocupación”, pero sin sorpresa, porque él mismo viene diciendo “que el Gobierno español necesitará todos los votos todo el tiempo” y eso es lo que se vivió el miércoles. Eso sí, afeó a Sánchez que recurra al procedimiento del decreto. A su juicio, el Estado debe ofrecer “seguridad jurídica y estabilidad, fiabilidad, credibilidad y garantía para las inversiones en Euskadi”. La “desafección para con la política o la desconfianza” que se genera sería ya cosa de los partidos estatales.
“No entro tampoco en las circunstancias que se hayan dado para intentar comparar lo que se le haya podido ofrecer a Catalunya o lo que nos pueda corresponder a Euskadi”, zanjó. Se limitó a recordar que Euskadi tiene un Estatuto, “que todavía está pendiente de ser cumplido, que el Gobierno español en la pasada legislatura se comprometió” a cumplir y “no cumplió”, y donde el PSOE “ha adquirido nuevamente un compromiso con un acuerdo con el PNV”. “Estamos en un periodo donde debe plasmarse ya un compromiso” sobre la acogida. Sobre las políticas migratorias, aseguró que “es una materia que en la legislatura pasada planteamos al Gobierno español, yo personalmente al ministro Escrivá”.
Reunión con Sánchez
Preguntado por si le gustaría reunirse con Sánchez, o celebrar la bilateral de transferencias que debe tener lugar cada seis meses con la participación de ambos, se mostró “dispuesto” a hablar en formato telefónico, escrito o de reunión, pero recordó que Sánchez aún debe realizar una ronda de presidentes que tendría que empezar por él, por antigüedad de estatutos, y aún no ha echado a rodar el balón. Tampoco sabe si cuenta su reunión con el president Aragonès. “Mi disposición absoluta a que sea en seis meses o en 24 horas”, dijo.
