El magistrado Joaquín Gadea ha acordado someter al exjuez Fernando Presencia a un examen forense para determinar si padece algún tipo de patología de tipo psicológico o psiquiátrico antes de tomarle declaración como investigado el próximo 7 de julio por calumniar a altos cargos del Gobierno y a magistrados.

En un auto, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional adopta esta decisión para determinar, a la vista de sus acciones si este juez inhabilitado es imputable tras haber admitido el pasado 21 de junio una denuncia de la Fiscalía contra él por injurias y calumnias y contra las altas instituciones del Estado en relación a sus publicaciones en internet.

Al admitir la denuncia, Gadea accedió a decretar como medida cautelar el cierre de la página web de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACOPDAP), que preside Presencia, una medida, que en esta nueva resolución, el juez indica que no se ha podido ejecutar todavía porque el servidor está geolocalizado en Francia y, por tanto, "la situación antijurídica que determinó la actuación urgente y cautelar se mantiene".

Por ello, el juez ha aceptado una serie de diligencias propuestas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre las que se incluye dirigirse a las autoridades francesas para que procedan al cierre del servidor, residido en la empresa de alojamiento web OVH SAS.

Cuando admitió la denuncia, el juez libró mandamiento a ACODAP y a la empresa UNELINK TELECOM SA, para que procedieran al cierre de la citada página web, con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de no atender al mismo.

Sin embargo, el juez señala ahora que una rápida comprobación de la página permite constatar que se siguen efectuando publicaciones contra altas instituciones del Estado, de similar naturaleza a las denunciadas por la Fiscalía.

Ello, añade, evidencia "una contumaz voluntad delictiva de la que se permite inferir rasgos compatibles con algún tipo de patología, que en cuyo caso deberá ser pericialmente valorada, atendida la naturaleza de los hechos y el comportamiento del denunciado pese a la incoación de este procedimiento".

Atentado contra los bienes jurídicos de las víctimas

El auto argumenta que la necesidad de poner fin de modo inminente a la permanente situación de atentado contra los bienes jurídicos de las víctimas, y las instituciones del Estado que están siendo "impúdicamente" infringidos por el denunciado, y que en ningún caso se ve amparado por el derecho a la libertad de expresión, justifica la adopción inmediata de todas las medidas propuestas por la UCO y que el auto detalla.

Entre ellas, solicita a la UCO determinar si cabe decretar la suspensión "y en su caso disolución" de la ACODAP y también que investigue "la posible existencia" de canales en plataformas digitales como YouTube y otras similares en las que se este difundiendo las publicaciones de la web de la asociación para que adopten medidas para su cese.

Además pide que hagan gestiones para identificar a otros "posibles responsables de los hechos, como los firmantes o denunciantes de los escritos que recogen" las publicaciones injuriosas de ACODAP y que realicen las "averiguaciones oportunas" para determinar todos los posibles perjudicados por esas publicaciones, así como dirigirse a las diferentes Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Comunidades Autónomas para que informen si han recibido denuncias sobre estos hechos.

En cuanto a la Orden Europea de Investigación que Gadea ha acordado dirigir a Francia, en ella reclama el cierre o bloqueo del acceso al dominio I/P de la que se sirve la web de Presencia, quien "se atribuye falsamente" la condición de juez.

Además solicita que se proceda al borrado "integro" del contenido, así como de las copias de seguridad realizadas y que se aporte copia de los contratos suscritos, medios de contacto, forma de pago y la facturación por los servicios prestados.

Una vez recibida la respuesta de Francia, señala el auto, los datos serán remitidos "directamente" al departamento de Cibercrimen de la UCO.

Entre la batería de diligencias, el juez también ha solicitado a diversas compañías telefónicas que bloqueen el acceso a dicho dominio desde el terrirtorio español.

En sus publicaciones, Gadea ha cargado directamente contra miembros del Gobierno como Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, o contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a los que ha acusado de tener cuentas bancarias en paraísos fiscales para ocultar las cantidades obtenidas por importantes sobornos.

Según la denuncia de la Fiscalía, a través de la página http://www.acodap.com se solicita a los usuarios de internet que efectúen donaciones (crowdfunding) en favor de la asociación y de Presencia como contribución económica para apoyar y hacer posible la lucha contra la corrupción.

Con la intención de indagar en la posible comisión de delitos de índole patrimonial, Gadea ha pedido también a la UCO recabar información bancaria.