- Se ha convertido ya en un tópico de la política estatal: se suele presentar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como la favorita de la oposición. Metida en su papel de defensora del Ejército español, sus intervenciones suelen ser más del gusto del PP y de Vox que de los socios de investidura de Pedro Sánchez o de los propios aliados en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos, con quienes tiene una falta de química evidente. Los socios creen que, en ocasiones, ha llegado a sobreactuar con una defensa ciega del Ejército, negándose en redondo a investigar los posibles focos totalitarios en su interior, o insinuando que una intervención de la unidad militar en el vertedero de Zaldibar hubiera propiciado el hallazgo del cuerpo del trabajador Joaquín Beltrán. Lo mismo sucede ahora con su defensa del Centro Nacional de Inteligencia. Lo presenta en una especie de situación de indefensión porque, al ser secretos sus trabajos, es fácil acusarlo de espionaje en la medida en que no se puede defender. Estos episodios han provocado tensión con Unidas Podemos, el PNV y ahora con ERC a cuenta de las informaciones que apuntan al espionaje contra más de sesenta soberanistas, incluido el president, Pere Aragonès.

El escándalo ha vuelto a colocarla en el foco mediático por cuestiones de forma en las declaraciones que ha realizado, que han ofendido a ERC. De hecho, el propio Aragonès ha dejado ver que la ministra ha empeorado el clima ya de por sí tenso que habían provocado las informaciones, porque sus palabras parecen querer dar la vuelta a la tortilla y presentar como víctima a los hipotéticos autores del espionaje, el CNI, si se acredita que fue así. Esta tensión se ha desencadenado en vísperas de que el Gobierno español viaje hoy a Catalunya para reunirse con el Govern y tratar de zanjar la crisis del espionaje con el programa Pegasus.

Por el flanco de Unidas Podemos, la tensión también se ha disparado en las últimas horas al meter en la misma coctelera la guerra de Ucrania y el caso Pegasus. La ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, pidió movilizaciones para frenar la guerra. En este caso, Podemos lleva semanas buscando las cosquillas a Defensa al rechazar el envío de armas a Ucrania, pese a que el país está sufriendo una brutal agresión de Rusia, una potencia nuclear. Robles respondió con sarcasmo que ojalá convenza a Putin de que pare la masacre. Un movimiento suficiente para sacar a escena al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien lanzó que Robles debería convencer a sus subordinados “de que dejen de espiar” sin autorización. Sobre las acusaciones de espionaje, la ministra tiene prevista una comparecencia para abordar otras cuestiones y no es probable que se extienda sobre el CNI con el parapeto de que todo lo que hace es secreto. Pero, por otro lado, el miércoles tendrá que responder a una pregunta del jeltzale Aitor Esteban, quien le pedirá que concrete a qué ley se refiere cuando dice que la legislación le impide hablar.

Las declaraciones de Robles sobre Zaldibar provocaron una polémica de alto nivel: el lehendakari Urkullu envió una carta a Sánchez para pedirle una rectificación, y los jeltzales formularon una pregunta en pleno. Robles evitó rectificar, pero admitió que el Gobierno vasco pensó en todo momento en las personas e hizo “lo que estaba en su mano”. Ella había insinuado antes que, por criterios políticos, no se pidió ayuda al Ejército. En otra ocasión, Robles acusó al PNV de guiarse por sus “prejuicios” hacia el Ejército español cuando los jeltzales le pidieron que investigara los focos totalitarios, a cuenta de los chats y los pronunciamientos que cargaban contra el Gobierno de Sánchez. Una vez más, no pudo digerir ese cuestionamiento.

Gastos reservados. A expensas de que se aclare si el PSOE sigue vetando o no una comisión de investigación sobre las acusaciones de espionaje, la única alternativa que queda es reactivar la comisión sobre los fondos reservados. El PP se abre a que se ponga en marcha, pero sigue negándose a la presencia de EH Bildu. Esta situación pone en una tesitura complicada al Gobierno español de Pedro Sánchez, que estos días recordaba también que no hay consenso sobre los grupos que deben participar.