- El dedo del PNV se acerca al botón nuclear. La enésima marcha atrás del ministro Escrivá, quien ahora plantea que la transferencia del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi sea provisional con fecha de caducidad, está llevando al límite la paciencia de los jeltzales. El burukide Koldo Mediavilla avisó ayer, con una claridad inédita hasta la fecha, de que su apoyo al Gobierno español de Pedro Sánchez “quedaría roto absolutamente” si se incumplen los términos del acuerdo para esta transferencia.
La negociación llega a un punto crítico mientras la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, prepara su respuesta a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Que Euskadi pueda gestionar de principio a fin el pago de esta ayuda social fue la condición que puso el PNV para permitir la tramitación de los Presupuestos estatales ahora vigentes. Romper este acuerdo supondría una quiebra de la confianza difícil de recomponer: el PNV no podría seguir alcanzando nuevos acuerdos con Sánchez si ve que los incumple y quedan en papel mojado. El contexto tampoco ayuda, porque los jeltzales ven más “frentes abiertos” con Sánchez, como su negativa a incorporar la prevalencia de los convenios vascos en la reforma laboral, o el aroma recentralizador que ven en su plan normativo para 2022 en sanidad y políticas sociales, así como en la Ley Audiovisual. En términos globales, la ejecución de su pacto de investidura es del 21,4% en el ecuador de la legislatura.
El incumplimiento sobre el IMV es ya sangrante para el PNV porque Madrid obvia un pacto firmado dos veces (es una situación distinta a la reforma laboral, donde no había acuerdo por escrito con Sánchez). Es la segunda vez que el Gobierno español intenta dar marcha atrás. Este traspaso tendría que haber llegado en octubre de 2020 y se acordó entre ambas partes en el contexto de las prórrogas del estado de alarma. También se acordó para Nafarroa. Pero Escrivá planteó después una mera encomienda de gestión, de manera que Lanbide solo pudiera tramitar las solicitudes ciudadanas, y fuera la Seguridad Social quien pagara la ayuda. Esta oferta fue inaceptable para Garamendi, quien en todo momento contó con el respaldo de la vicelehendakari segunda, la socialista Idoia Mendia, también contraria a este peregrinaje de ventanilla a ventanilla.
A cambio de que el PNV permitiera la tramitación de las Cuentas en la fase de las enmiendas a la totalidad, el Gobierno español prometió una transferencia integral, para que el Ejecutivo vasco pueda ensamblar esta ayuda con la Renta de Garantía de Ingresos vasca. Ahora, Madrid plantea un convenio con un plazo de vigencia para el traspaso, con una lectura literal y muy técnica de la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, que hace referencia al traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
En una entrevista concedida a Herri Irratia Radio Popular, Mediavilla dejó caer hasta en dos ocasiones la posibilidad de romper relaciones. “El incumplimiento del acuerdo para la transferencia íntegra del IMV sería casus belli para el PNV, y nuestro apoyo al Gobierno central quedaría roto absolutamente”, dijo en una ocasión, para añadir en otro momento que, “o se cumple lo firmado, o el apoyo del PNV al Gobierno de Sánchez puede pasar a mejor vida”. Han tenido noticias de que alguien del Ministerio valora la posibilidad de una transferencia temporal, “ellos dicen que por seguridad jurídica”. El PNV no lo aceptará.
Los jeltzales han evitado romper la baraja estos meses para mantener viva la negociación y cumplir las transferencias que recoge el Estatuto de Gernika. El PNV era consciente de las presiones que iba a recibir el Gobierno español por parte de determinados colectivos de funcionarios, y de que partidos como el PP lo iban a presentar como la antesala de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social (algo que no hubiera sucedido si Sánchez hubiera englobado esta materia en la asistencia social, no en el departamento de Escrivá).
El incumplimiento sería un desaire para el grupo vasco y dejaría en entredicho su capacidad histórica de influencia en el Congreso, justo cuando EH Bildu trata de rivalizar con él, aunque en realidad el incumplimiento de los acuerdos de Sánchez está ya bastante generalizado y afecta a la propia izquierda abertzale con la reforma laboral.
El presidente de la Ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, en una entrevista en este periódico el día posterior a la remodelación del Gobierno español, se tomó con filosofía que Escrivá continuara en el gabinete a pesar de su desgaste, también por la reforma de las pensiones. Eso sí, avisó a Sánchez de que, si no resolvía el IMV, el problema pasaría directamente a su mesa de La Moncloa. Dicho y hecho. El PNV ha sido el apoyo más estable de Sánchez desde la moción de censura que tumbó a Rajoy en 2018, mientras que los focos de mayor inestabilidad han llegado por el flanco de ERC por la complicada situación en Catalunya. El rechazo de los soberanistas catalanes a sus Cuentas provocó el adelanto electoral de 2019. Es la primera vez que el PNV saca de esta forma la tarjeta amarilla a Sánchez. Ya no le vale el pretexto de que cualquier alternativa del PP y Vox sería peor (algo que el PNV comparte). El grupo jeltzale quiere que se respete lo pactado.
Ministros de Sánchez como María Jesús Montero se han referido al PNV como un socio prioritario y, aunque sus votos no fueran imprescindibles para aprobar los Presupuestos estatales de este año, se trabajó su respaldo con cesiones sobre el TAV, entre otras cuestiones. El Gobierno español del PSOE y Unidas Podemos tiene 155 votos, a 21 de la mayoría absoluta, y no le bastaría el respaldo de C’s que, además, ahuyenta a otros grupos porque se opone a las cesiones a ERC y EH Bildu. Y Sánchez se siente incómodo con la izquierda abertzale como único socio vasco por la campaña de desgaste de la derecha española.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, confió en Euskadi Irratia en que el IMV se resuelva, y avisó de que, si el Gobierno español sigue en sus trece, cambiarán sus relaciones. Mediavilla se declaró cansado del “chantaje político” del PSOE, que asegura que la alternativa del PP es peor. Le pidió que se esfuerce en negociar. También se hizo eco de las medidas recentralizadoras del plan de 2022, tal y como informó este periódico. Censuró que “intente recuperar competencias”, y avisó de que habrá problemas con la Ley Audiovisual porque no se respeta el ámbito competencial propio para organizar los medios audiovisuales públicos. “Estamos valorando cuáles son las medidas que vamos a adoptar cuando este proyecto de ley llegue al Congreso, pero nuestro enfrentamiento va a ser total si no se recogen nuestras medidas”, advirtió.
“El incumplimiento del acuerdo del IMV sería ‘casus belli’ y nuestro apoyo quedaría roto absolutamente”
“Nos parece un cierto chantaje que digan que lo que está enfrente es mucho peor; lo que debe hacer es negociar”
“Solo se ha cumplido un 21% de los acuerdos. Y eso que somos socios prioritarios...”
Burukide del PNV
