Con una rapidez poco habitual y en puertas de las elecciones en Castilla y León, el Gobierno español de Pedro Sánchez ha presentado este martes su plan anual normativo para 2022. Lo ha hecho en el primer Consejo de Ministros del año, agitando nuevamente la bandera de los fondos europeos, que se espera que supongan un revulsivo en la segunda mitad de su mandato.

La lista la copan iniciativas que guardan relación con los compromisos europeos para recibir a cambio los fondos de recuperación, y destaca la ausencia de los proyectos que podían utilizarse como un foco de desgaste desde la derecha española. Por el contrario, sí se mencionan proyectos que pueden ser un potencial foco de conflicto con Euskadi y Catalunya y con otras comunidades por invasión competencial, en función de cómo se desarrollen esas leyes. La forma de enunciarlas, por ahora, parece anticipar que puede haber cierto riesgo de uniformizar la prestación de servicios en todo el Estado.

Se prepara una Ley para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, "que garantiza la homogeneidad de los servicios sanitarios en todo el territorio, establece la gestión pública directa como fórmula de gestión preferente y limita el establecimiento de nuevos copagos". Se aprobará también una Ley de Servicios Sociales, "para garantizar una cartera mínima de servicios en todo el territorio", y donde el PNV denunció hace meses que podía existir una tentación uniformizadora por parte de Unidas Podemos.

"PREOCUPACIÓN DEL PNV"

Fuentes del grupo del PNV en el Congreso se mostraron prudentes a la espera de conocer la letra concreta, pero aseguraron a este periódico que observan "con preocupación que el Gobierno hace su propia hoja de ruta sin contar con los socios". "Tenemos que ser inteligentes e ir al mínimo denominador común para intentar no incomodarnos entre nosotros, pero vemos con estupor que el Gobierno va a lo suyo y es cada vez más centralista. Claro que el PNV defiende la sanidad pública, pero lo que vemos es que el Gobierno quiere entrar en competencias que hasta ahora no se habían puesto en cuestión, como la cartera de servicios sociales. Otro ejemplo es la Ley Audiovisual. Tiene un tono centralista que nos preocupa mucho. Parece que el Gobierno no mira si hay más tráfico. Los demás intentamos no chocarnos para que el coche llegue entero, pero en una de estas puede acabar abollado".

Se sumará un real decreto para regular el sello de inclusión social, "un distintivo público para empresas públicas y privadas que desarrollen actuaciones que contribuyan al tránsito de las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital a la participación activa en la sociedad", es decir, a su inserción laboral.

LAS AUSENCIAS CATALANAS Y DE LA MONARQUÍA

Han desaparecido la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición y rebelión, una iniciativa que se barajó como gesto de distensión hacia Catalunya y que ahora Sánchez cree que es prescindible tras haber indultado a los soberanistas. También se aparca la reforma de los delitos de opinión que pretendía evitar que se repitan encarcelamientos como el del rapero Pablo Hasél; y una reforma de la Ley de la Corona para establecer mecanismos de control y transparencia. Se van a hacer retoques en la Ley de Transparencia, pero no afectarán a la Casa Real, tal y como confirmó el propio Gobierno español.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado de presentar los principales ejes de este calendario, y lo justificó en que estas cuestiones no encajan con las prioridades del Gobierno español, centradas en la recuperación económica.

LA LEY DE SECRETOS OFICIALES SÍ ENTRA

El Gobierno español no aludió a la Ley de Secretos Oficiales, pero sí aparece citada someramente la necesidad de reformarla en este plan. Esto es así tras haber bloqueado la tramitación de la propuesta del PNV y haber explorado la opción de redactar su propio proyecto de ley, de su puño y letra, entre los ministerios implicados. Esta ley data del periodo franquista, y el PNV plantea que salgan a la luz documentos que pueden ayudar a arrojar pistas sobre los GAL, el intento fallido de golpe de Estado, o el asesinato de Mikel Zabalza en 1985 tras su detención en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

Sánchez despeja el camino en un año marcado por la cita electoral de febrero en Castilla y León, y quizás también por próximas convocatorias en Andalucía y, en 2023, a nivel municipal. A finales de 2023 o principios de 2024 tendrían lugar las generales. De ahí que en algunos ámbitos se opinara ya con pesimismo que todo aquello que se ha quedado al margen de este calendario de 2022 tampoco aparecerá en un contexto poco propicio para Sánchez como el año 2023. El portazo podría ser definitivo.

EL PLAN NORMATIVO

Bolaños explicó que el plan lo componen 368 propuestas, de las cuales 61 guardan relación con los compromisos adquiridos con Europa para recibir los fondos. De esas 368 propuestas, 92 son leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias) y el resto son decretos. De esas leyes, el 38,2% está vinculado a los fondos europeos.

Bolaños articuló las propuestas en cuatro ejes. Sobre la digitalización, avanzó la aprobación de una Ley de Ciencia para garantizar una carrera investigadora atractiva, una Ley de Industria, otra para garantizar las redes 5G, y un decreto sobre las startup para estudiantes. En el bloque de la cohesión social y territorial, citó la Ley de Vivienda para fomentar el alquiler a precios razonables; las leyes de Salud y Servicios Sociales, el decreto del IMV y una norma para municipios.

En materia de género, aludió a la reforma de la Ley de Igualdad y a la del Aborto. Pero confirmó que el PSOE y Unidas Podemos están negociando para abolir la prostitución, una patata caliente que augura tensión entre ambos. Sobre la transición ecológica, citó la Ley de Pesca Sostenible, la Ley sobre Energía Nuclear y transponer una directiva sobre el uso de energías renovables y los gases. Se añade otro bloque de regeneración para los conflictos de interés, y se pactará la financiación autonómica.