- El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha pulsado el botón. Ha decidido investigar si varias adjudicaciones durante el mandato de José María Aznar como presidente español guardan relación con las presuntas comisiones que engordaron la caja B del PP. En concreto, se trataría de casi 570 millones de euros en obras, con el morbo añadido de que, por aquel entonces, el expresidente Mariano Rajoy era también uno de sus ministros. Esta información se ha puesto en circulación desde medios de comunicación estatales como El País o La Sexta. Pedraz estaría tratando de acreditar la relación entre esas adjudicaciones y las presuntas mordidas en dinero negro a la caja B.

El auto al que tuvieron acceso esos medios de comunicación, según La Sexta, dice que “en esta causa se ha afirmado, indiciariamente, y siempre a los únicos efectos instructores, que Bárcenas Gutiérrez y Lapuerta Quintero, junto con Francisco Correa Sánchez y otros, definieron e implementaron un sistema para obtener fondos ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos”. Por ello, pide la documentación de 23 contratos concedidos entre 2002 y 2006 a Adif, Renfe, la Agencia Tributaria, y también a los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación o Medio Ambiente, lo que afectaría a Mariano Rajoy, Rodrigo Rato o Francisco Álvarez-Cascos. En concreto, se trataría de concesiones a la empresa Constructora Hispánica, liderada entonces por Alfonso García-Pozuelo.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía había solicitado recientemente a la Audiencia Nacional nuevas diligencias encaminadas a indagar esos contratos. Se trata de comprobar si las anotaciones registradas en la cuenta analítica de ingresos por donativo y su aplicación en concepto de gastos del PP, cuya llevanza realizaban el extesorero Álvaro Lapuerta y el exgerente y extesorero Luis Bárcenas, “corresponde a contraprestaciones abonadas a cambio de la realización de actuaciones ante el órgano adjudicador para conseguir que las empresas de los pagadores obtengan adjudicaciones de obra pública”.