- En al menos dos de los tres ejercicios que el emérito pretende regularizar fiscalmente con Hacienda, Juan Carlos I habría cometido delito. El antiguo jefe del Estado español quiere poner al día con la Agencia Tributaria más de 500.000 euros procedentes del uso de tarjetas opacas supuestamente utilizadas entre 2016 y 2018 para gastos en hoteles, viajes, restaurantes y otros asuntos, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad. Una intención que conecta con su propósito de regresar a España para disfrutar del periodo navideño pero que algunas fuentes apuntan a que choca con el deseo de los actuales inquilinos de Casa Real, especialmente con el de su hijo y actual monarca, Felipe VI.

El equipo jurídico del emérito se ha reunido con responsables de Hacienda para trasladarles una propuesta de regularización fiscal de esos fondos en b, procedentes de su amigo el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Esta vertiente de sus presuntas actuaciones corruptas no está relacionada con bienes en el extranjero, sino con el uso por su parte y de algunos familiares suyos de esas tarjetas black, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o se presente una querella por parte de la Fiscalía o la Abogacía del Estado, y un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales. Por ello, Juan Carlos de Borbón aún puede acogerse al artículo 305.4 del Código Penal, pagando al menos un 70% de los ingresos no declarados, alrededor de 350.000 euros si lo defraudado es algo más de medio millón, como acreditó la investigación en sus inicios. En al menos dos de los balances anuales existiría un fraude -porque no pagó los impuestos correspondientes a esos ingresos- superior a 120.000 euros, límite para considerarlo delito fiscal.

Actualmente, son tres las investigaciones abiertas por el Ministerio Público. La primera aborda el recorrido del dinero que le dio el Gobierno de Arabia Saudí en las fechas en las que se negociaba la construcción del AVE a La Meca, un contrato de más de 6.000 millones de euros que recayó en una UTE de empresas españolas. En este caso se indaga si ese dinero el rey lo escondió en cuentas suizas a nombre de fundaciones creadas en paraísos fiscales, pero el Ministerio Público no ha hallado hechos ilícitos posteriores al año 2014 por lo que el rey emérito estaría protegido por su inviolabilidad.

La segunda se halla en fase embrionaria y parte de un informe de inteligencia financiera elaborado recientemente por el Sepblac, autoridad supervisora en materia de prevención frente al blanqueo de capitales, y todo apunta a una fortuna oculta del emérito de casi diez millones de euros en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Y la tercera tiene que ver concretamente con el citado uso de las tarjetas de crédito opacas que gestionaba supuestamente, a modo de testaferro, un coronel del Ejército del Aire destinado en Zarzuela de la máxima confianza del rey.

El exjefe del Estado huyó a los Emiratos desde el pasado 3 de agosto como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi, si bien la Casa Real solo informó oficialmente de ello el 17 de ese mes. En el comunicado el emérito explicaba que dejaba España “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” de su vida privada y para facilitar a su hijo su labor como jefe del Estado. Pero muy pronto desde su entorno se fue filtrando su deseo de retornar. El monarca no ha cursado todavía ninguna petición formal, y solo volvería si desde Zarzuela y Moncloa le dieran el visto bueno.