El artículo 16.2 de la Constitución establece: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. A la vista de lo que sucede en el Ayuntamiento de Iruña es para preguntarse qué es lo que no se entiende de dicho artículo por parte de algunos concejales, incluido el alcalde. El día 9 de abril declaraba Asiron que “el Ángel de Aralar era símbolo cultural y religioso y patrón de Euskal Herria”. ¿Cultural y religioso? No sólo. Afirmaba que “la visita del arcángel al Ayuntamiento simboliza la normalización entre las instituciones laicas y religiosas” (Diario de Navarra, 10-IV-2024). Su titular sintetizaba esta performance clerical así: “Aralar: San Miguel, venerado en el Ayuntamiento. El alcalde Asiron abrió la puerta de la casa consistorial al Ángel de Aralar en una visita en la que no estuvieron PSN, Geroa Bai y Contigo” (Ídem).

Interesaría saber las razones por las que las relaciones “entre las instituciones laicas y religiosas se han normalizado”. ¿Acaso estaban anormalizadas? A propósito, ¿en qué consiste dicha normalización? ¿En que los símbolos religiosos de una confesión religiosa entren como Pedro por su casa en una institución pública aconfesional? ¿En que el poder civil ceda ante los requerimientos de proselitismo del poder religioso y más en concreto de una confesión religiosa de forma exclusiva y excluyente?

Para colmo no parece que estén de acuerdo con tal tesis ni los concejales que, como los de PSN, Geroa Bai y Contigo, no recibieron a las puertas del Ayuntamiento a dicha imagen. ¿Significa este gesto que el único normalizado fue el alcalde, mientras que esos concejales están sin normalizar? Menuda imagen más bochornosa. El Ayuntamiento no solamente se divide entre izquierdas y derechas, sino también entre concejales normalizados (UPN, PP y alcalde) y concejales anormalizados. Curiosamente, se llama normalizados a los que no respetan la Constitución y anormalizados a los que acatan la neutralidad confesional del Estado.

Seamos claros. Para normalizar las relaciones entre las instituciones laicas y las instituciones religiosas lo que hay que hacer es respetar lo que establece la Constitución en el referido artículo. Un ayuntamiento es una institución del Estado y, por lo tanto, su naturaleza es intrínsecamente neutral en esta materia y no debe mimar ninguna religión.

Al someterse la institución a los dictados de una confesión religiosa, como es venerar una imagen religiosa concreta, está conculcando el principio de neutralidad. Al hacerlo normaliza una confesión religiosa en detrimento del resto de las confesiones que hay en la ciudad. Seguro que quien actúa así no intenta despreciar al resto de las confesiones religiosas, pero no repara en que, en virtud de la pluralidad –principio fundamental de una democracia que se precie–, es lo que en el fondo más superficial está haciendo: ningunear al resto de las confesiones religiosas de la ciudad y las creencias de quienes no creen en el arcángel de Aralar o de los que no profesan ningún tipo de fe. Pero, paradójicamente, el Ayuntamiento que preside Asiron, al negar con su praxis el artículo constitucional, lo que está consiguiendo es aumentar la normalización entre lo religioso y lo civil. Lo nunca visto.

Una democracia que no respeta y defiende el Estado laico, cuya razón principal es respetar la pluralidad, tanto política como religiosa de la ciudadanía, es una democracia trunca, incompleta. Le falta una razón importante de su basamento político. Mientras el poder civil haga dejación de ese respeto a la pluralidad confesional, será una democracia demediada, nunca normalizada. En este sentido, el alcalde de Iruña ha hecho un feo a esa pluralidad cuando acepta el enaltecimiento de una determinada confesión religiosa, elevándola incluso a signo de normalización entre instituciones laicas y religiosas. Hablando en propiedad sólo estaría normalizando el Ayuntamiento que preside con la religión católica. Pero, ¿qué hace para normalizar al resto de las confesiones religiosas de la ciudad? ¿Y cómo normalizará el ámbito de quienes no creen? ¿Acaso no son ciudadanos? Dividir la sociedad en función del rango confesional que tenga la ciudadanía es una puerta abierta al Estado totalitario, pues este se configura siempre acompañado por una religión tenida como mayoritaria, marginando por completo al resto de las confesiones. El pretexto de muchas guerras en Europa radicó en ese gesto totalitario, exclusivo y excluyente. Y supongo que no será necesario recordarlas.

Por eso y aunque suene paradójico, la única manera de respetar la pluralidad confesional de la ciudadanía desde el Ayuntamiento es no dar cancha a ningún tipo de religión. Cuando el Ayuntamiento dice que representa en cuerpo de ciudad en una procesión religiosa a la ciudadanía, ya se dirá cómo consigue esa representación si sólo figura en ella la religión católica de forma exclusiva y excluyente. En realidad, lo único que representa es la falta de respeto a las demás confesiones religiosas de la ciudadanía y, como se ha dicho, a los que no creen.

En este contexto, es sabido que el Gobierno de Navarra en enero de este año, declaró como Bien de Interés Cultural el Cuerpo de Ciudad de Pamplona. Una reliquia inmaterial para la colección. Pero hay que precisar que ese sistema de representación de la ciudad de Pamplona, creado en 1423, se ha quedado obsoleto. Es un fetiche. Se trata de un protocolo y un cortejo que entra en colisión con el Estado aconfesional actual. Los alcaldes y ediles no representan en materia religiosa a nadie, menos aún a toda la ciudad donde conviven diferentes confesiones religiosas. Alcalde y concejales deberían sopesar de qué modo pueden actualizar esa tradición sin que tengan que violentar el principio constitucional de la neutralidad confesional. Hasta ahora, la única confesión que representan es la católica. Por tanto es falso que estén representando a toda la ciudad en ese aspecto.

Y conviene recordar que ese tradicional “cuerpo de ciudad” no sólo tenía una dimensión política y representativa de la ciudad, sino que, también, reflejaba un tiempo teocrático, de totalitarismo religioso, donde no creer en Dios y manifestarlo públicamente era motivo de linchamiento, cuando no de tortura y pena de muerte. Quiérase reconocer o no, pero las tradiciones que llevan adosadas un componente religioso han sido por lo general fanáticas, de perseguir a quienes no asistían al mismo templo.

Actualmente, ciertas intervenciones en defensa de estas tradiciones, no es que pidan el linchamiento de quienes se oponen a ellas por ser anticonstitucionales, pero casi. Aclaremos. No se pide la desaparición de una tradición, sino de su acomodación al tiempo en que vivimos donde el respeto a la pluralidad del ciudadano es la base de cualquier democracia. Pero si los políticos, que se dicen representantes de la ciudadanía, no la respetan, ¿qué se puede esperar de dicha democracia? Recuerden que en una procesión, como las que acostumbra a hacer el Ayuntamiento, son siempre en nombre de la religión católica. No digan, pues, que representan a toda la ciudad, porque es mentira.

Historiador