- El Gobierno Vasco, en boca de su vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, trasladó ayer su apuesta porque se intensifiquen en los próximos meses los acercamientos de presos vascos a cárceles más cercanas a Euskadi porque, hasta el momento, han sido “insuficientes”. Erkoreka se expresaba de este modo en una entrevista concedida a Radio Euskadi, apenas cinco días después de que Igor González Sola, preso de la banda que se había desvinculado del colectivo del EPPK, apareciera muerto en su celda de la prisión donostiarra de Martutene, un fallecimiento que, a falta de confirmación oficial, se achaca a un suicidio.
Erkoreka aseguró en los micrófonos de la radio pública vasca que ya en la pasada legislatura el Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu tenía “un planteamiento claro y firme” sobre la situación de los reclusos. “Es momento para cambiar de política penitenciaria. Las personas privadas de libertad no están privadas de todos los derechos, sino que siguen siendo titulares de muchos derechos. Y hay que trabajar para que sigan ejerciendo esos derechos con la máxima dignidad posible”, apuntó el responsable vasco de Seguridad.
En esta línea, Erkoreka subrayó que uno de estos derechos que les siguen asistiendo a los reclusos pese a estar en prisión es el de la reinserción social y el de la vida familiar, algo que, según recordó el vicelehendakari, “lo reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. “Y el derecho a la vida familiar incluye el derecho a la proximidad física de las personas que conforman ese entorno familiar”, remarcó.
Josu Erkoreka cree que todo eso “está pendiente” y considera que, “en los próximos meses, tendrán que intensificarse las medidas que puntualmente se han venido adoptando en el ámbito de la política penitenciaria con algunos acercamientos”, que, a su entender, son “todavía insuficientes para lo que tenía que ser una realidad mucho más normalizada”.
Por otra parte, Erkoreka defendió que los temas de convivencia, memoria y derechos humanos hayan pasado de depender directamente de Lehendakaritza a ser competencia del Departamento de Justicia, de forma que Jonan Fernández, hombre clave para Urkullu en esta cuestión, ya no se ocupará de estos asuntos, sino que a partir de esta nueva legislatura asumirá la dirección de la nueva secretaría general de Transición Social y Agenda 2030.
En su opinión, es positivo que ciertas materias, como esta, se normalicen y se ubiquen en el departamento sectorial competente porque el hecho de que haya cuestiones que dependan directamente del lehendakari tiene “un elemento de excepcionalidad, que debe durar lo que estrictamente conviene que dure”.
Por ello, le parece “correcto” que “la materia de convivencia, todo lo que representa y gestiona Gogora -el Instituto de la Memoria que dirige Aintzane Ezenarro-, se ubique en el Departamento de Justicia, Igualdad y Derechos Sociales”. “Me parece una manera de normalizar la gestión de un área delicada, pero cada vez ya más interiorizada por parte de los poderes públicos de que hay que prestarle atención e instituir un mecanismo de seguimiento y de gestión ordenado”, señaló.
Por otro lado, y a raíz de la muerte de Igor González, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defendió ayer en el Congreso el protocolo antisuicidios que se aplica de forma “efectiva” en las prisiones españolas, aunque garantizó a EH Bildu que, como se hace en otras ocasiones, se va a “analizar para mejorarlo” tras el fallecimiento del preso de ETA. Además, el responsable español de Interior detalló que en los más de dos años que lleva al frente del Departamento, 90 presos de ETA han sido trasladados a cárceles más cercanas a Euskadi, han progresado de grado, siempre por criterios individualizados y con el debido control judicial.
Marlaska ofreció estos datos en respuesta a la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua, quien en la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez reclamó el fin de la “política de excepción con los presos vascos”, y un cambio de la política penitenciaria en relación con los presos de ETA tras el suicidio de González.
La parlamentaria de la coalición soberanista subrayó que el preso bilbaíno había cumplido 15 años de prisión, más de tres cuartas partes de su condena, estaba enfermo y había intentado el suicidio en tres ocasiones, de modo que “con la ley ordinaria debería haber estado en la calle, recibiendo tratamiento”. Por ello, reclamó al Ejecutivo español que abandone una política penitenciaria que, a su juicio, es “de excepción” para que la cuestión de los presos deje de estar en el “terreno del conflicto” para ser parte de la solución.
El ministro del Interior cuestionó que se intente mezclar el suicidio con la política penitenciaria, pero subrayó que esta última es “modélica” y se apoya en criterios individualizados y técnico-jurídicos.
En su intervención, Grande-Marlaska comentó que no puede dar detalles de este “suceso” [la muerte de Igor González] debido a la Ley de Protección de Datos, pero subrayó que Instituciones Penitenciarias aplica tratamientos individualizados y bajo criterios técnicos y jurídicos. En esta forma de actuación enmarcó el protocolo antisuicidios en las prisiones que arroja un índice del 5,96 por cada 10.000 internos, “inferior al 7,2 por ciento del conjunto de los países del Consejo de Europa”.
Sobre la muerte de preso de ETA, en concreto, Grande- Marlaska añadió que “este suceso será evidentemente analizado, evaluado para mejorar en la prevención y tratamiento de los suicidios en las prisiones y para garantizar, como exige el artículo 3.4 de Ley General Penitenciaria, la vida, la integridad física y la salud del conjunto de internos”.
Transferencias. Erkoreka, además, pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que se empiece “ya” a trabajar en las transferencias pendientes, una vez que se ha constituido formalmente el Ejecutivo vasco. En este sentido, se mostró convencido de que “no tardará ya en concertarse alguna fecha concreta” para “renovar y dar nuevo impulso” al cronograma de traspasos.
Seguridad y Ertzaintza. Asimismo, el consejero de Seguridad señaló que se marca como reto lograr la seguridad en Euskadi con la implicación de “toda la Ertzaintza” y de “todos los sectores que tienen vinculación con el compromiso de construir una sociedad democrática y libre”.
“La muerte de González se analizará para garantizar la vida y la integridad de los presos”
Ministro del Interior